“Cambiar las leyes es un paso fundamental, pero no el último”. Aunque organizaciones participantes en una conferencia de prensa reportaron que 24 de las 32 entidades del país han avanzado en la despenalización del aborto, advirtieron que persisten obstáculos para que lo reconocido en las normas se traduzca en servicios accesibles, información clara y atención oportuna.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena sostuvo que garantizar el derecho de las mujeres a decidir involucra derechos, salud pública, autonomía y libertad.
Durante el encuentro participaron representantes de Equidad de Género A.C., la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Traslado, horarios y falta de personal, entre los obstáculos
Aidé García Hernández y Lilián Reyes presentaron datos del informe 2025 de Católicas por el Derecho a Decidir. De acuerdo con la información expuesta, 24 entidades han despenalizado el aborto y ocho permanecen pendientes.
El panorama normativo publicado por GIRE y actualizado a junio de 2026 también muestra diferencias sustanciales entre las legislaciones estatales y coloca a ocho entidades en las posiciones inferiores de su evaluación normativa.
A partir de información correspondiente a 19 entidades, el documento presentado en la conferencia identifica como obstáculos las distancias y costos de traslado, la concentración de servicios en las capitales, horarios limitados, falta de medicamentos y personal no objetor, así como desconocimiento de la legislación y de la NOM-046. BOL_Confe300926
Ocho estados, señalados como pendientes
Rebeca Ramos Duarte, directora de GIRE, presentó durante el encuentro el panorama de la regulación penal del aborto en México e identificó ocho entidades pendientes: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas, de acuerdo con el documento de la conferencia.
El propio GIRE advierte, sin embargo, que la situación jurídica no se reduce a una clasificación binaria entre estados que han despenalizado y los que no: existen diferencias en plazos, regulación sanitaria, causales y efectos de resoluciones judiciales. Por ejemplo, su revisión señala particularidades en Aguascalientes y resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento legislativo en otras entidades.
Objeción de conciencia también genera retrasos
Otro de los problemas planteados fue la objeción de conciencia. El informe citado durante la conferencia documenta retrasos en la atención, requisitos adicionales y carencias de insumos o capacitación.
Según lo presentado, ninguna de las entidades estudiadas cuenta con un mecanismo concreto para aplicarla; las organizaciones plantearon que la objeción sea declarada anticipadamente, tenga carácter individual y que las instituciones garanticen disponibilidad de personal no objetor.
Redes reportan problemas para acceder a servicios
Patricia López Romero, directora nacional de Ddeser, informó que existen redes de acompañamiento en 18 entidades y señaló que su trabajo territorial ha detectado dificultades para acceder a información y servicios, fallas en la referencia entre unidades médicas, falta de capacitación del personal y demoras institucionales.
Por su parte, Alba Adriana Jiménez Patlán, directora general de Equidad de Género A.C., reportó que entre 2017 y 2025 la organización acompañó 11 mil 249 casos de aborto: mil 669 bajo la causal de violación, 293 por motivos de salud y 574 correspondientes a niñas de 14 años o menos.
Servicios existen en las 32 entidades, pero bajo distintos marcos legales
GIRE mantiene un directorio de Servicios de Aborto Seguro (SAS) en unidades médicas de las 32 entidades federativas; la atención se presta conforme al marco legal aplicable en cada estado.
El escenario expuesto durante la conferencia apunta así a una diferencia entre modificar las normas y garantizar el acceso efectivo a los servicios. Las organizaciones participantes sostuvieron que el siguiente reto se encuentra en reducir las barreras médicas, administrativas, económicas y territoriales que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.