La diputada Leticia Díaz Aguilar (Morena), integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, propuso exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Seguridad, a garantizar, respetar, promover y proteger el derecho a la educación de adolescentes privados de su libertad en centros de internamiento.
La legisladora resaltó la importancia de que el derecho a la educación sea garantizado y respetado por el Estado Mexicano, para los adolescentes privados de su libertad y así lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir.
Refirió que de acuerdo con el “Estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto en México” de Reinserta, AC, hasta septiembre de 2017, en México habían seis mil 144 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales mil 512 cumplen una medida privativa de libertad. Indica que, 36.8 por ciento están privados de la libertad por homicidio, 27 por ciento por robo y 18.2 por ciento por actos contra la libertad.
Sin embargo, dicho estudio sólo recolectó datos de 502 adolescentes de 10 entidades federativas: estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.
Indicó que respecto al nivel educativo antes de ingresar al centro de internamiento; el 27.9 por ciento concluyó la primaria; 21.3 por ciento, refirió tener la secundaria incompleta y 20.4 por ciento reportó haberla concluido. Lo que permite concluir que sólo 26.3 por ciento de los adolescentes privados de su libertad habían terminado su educación básica, mientras que 73.7 por ciento no había concluido este nivel educativo.
El análisis también señala, dijo, que el 92.3 por ciento de estos jóvenes estudia mientras cumple su medida de sanción; por el contrario, el 7.8 por ciento refirió no hacerlo. Los adolescentes encuentran como principales motivaciones para continuar estudiando: que les será útil en un futuro, la superación personal y su familia, y la expectativa de apoyar a la misma en un futuro.
A través de un punto de acuerdo, remitido a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada refirió que de acuerdo con el artículo 51 de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece el derecho a la educación de los adolescentes a cursar el nivel educativo que les corresponda.
Mientras que en los artículos 77 y 235, indica que las autoridades responsables de dar cumplimiento y aplicación de la Ley, de dicho derecho, le compete a la Secretaría de Educación, asimismo se determina que en los centros de internamiento se debe contar con la estructura y equipamiento de espacios de participación colectiva en actividades de educación
Por ello, resaltó la importancia de que el derecho a la educación de los adolescentes privados de su libertad en los centros de internamiento sea garantizado y respetado por el Estado Mexicano cumpliendo con sus obligaciones plasmadas en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.