Braaceros presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano con el propósito de exigir el pago de apoyos con un monto total de más de 5 billones de pesos, los cuales se adeudan a más de 5 mil personas.
Se trata de recursos que no han sido han recibido su pago por el programa de trabajo temporal abierto en 1942.
La Red Binacional de Organizaciones de Braceros 1942-1964 expuso en conferencia de prensa que la denuncia va especialmente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el 31 de octubre de 2018, la Segunda Sala emitió un fallo en contra de los braceros que, el 29 de febrero de 2016, obtuvieron un amparo.
“Logramos darle mayor fuerza al movimiento de los ex braceros, para que seamos atendidos debidamente por el nuevo gobierno de la República y resuelva de fondo este conflicto, haciendo justicia a los trabajadores migrantes a los que, sus antecesores, nos privaron del producto de nuestro trabajo, del 10 % descontado a nuestros salario”, dijo una de las personas inconformes.
Los braceros agregaron que existen documentos del caso que las autoridades han hecho pasar como perdidos.
“La versión de que los documentos relativos al trabajo de los braceros, había desaparecido, a causa del terremoto del 19 de septiembre de 1985, lo que desde luego es inadmisible y violatorio de los principios de objetividad y exhaustividad, porque una sentencia se debe dictar tomando en cuenta hechos y datos objetivos y ciertos, no versiones vagas e inciertas”.
Ante esta situación, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a “resolver esta deuda histórica”.
egún cálculos de la Facultad de Economía de la UNAM, los recursos que no se le entregaron a todos los integrantes del programa de trabajo temporal abierto en 1942 en Estados Unidos asciende a más de 5 billones de pesos, pero Martínez aclaró que sus representados únicamente reclaman la parte que a ellos les corresponde.
