La oposición debe debatir sin desinformación las propuestas de rentas justas y justicia cívica: Clara Brugada Molina

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La mandataria capitalina pidió a la oposición debatir el contenido de las iniciativas y sostuvo que buscan equilibrar derechos en los arrendamientos y ofrecer una vía adicional para atender robos de montos pequeños.

La propuesta de Ley de Rentas Justas no amenaza la propiedad privada y las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica no eliminan el derecho a denunciar robos por la vía penal, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al responder a cuestionamientos de la oposición sobre ambas iniciativas.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria llamó a discutir las propuestas con información verificable y rechazó que se les atribuyan disposiciones que, aseguró, no están contempladas en sus textos.

“Que no sea la mentira un instrumento con el que quieran obtener el apoyo de la población”, expresó.

Sobre la iniciativa de rentas justas, Brugada explicó que plantea crear una Defensoría Inquilinaria para brindar acompañamiento y defensa a las partes involucradas en los contratos de arrendamiento, con el propósito de equilibrar sus derechos.

La mandataria rechazó que esa propuesta represente una afectación a la propiedad privada y pidió a sus opositores fijar su postura frente al aumento de las rentas y los procesos de gentrificación.

“Si la oposición está a favor del crecimiento desmedido de las rentas o de la gentrificación, que lo digan”, señaló.

Brugada sostuvo que las diferencias políticas sobre el contenido de las iniciativas son legítimas, pero cuestionó que el debate se construya a partir de escenarios o disposiciones que, según su explicación, no forman parte de las propuestas.

Respecto de la Ley de Cultura Cívica, indicó que la reforma plantea una alternativa para atender robos de montos pequeños mediante los juzgados cívicos. Según la jefa de Gobierno, esta opción mantendría el derecho de las personas afectadas a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público y la Fiscalía.

Explicó que correspondería a la persona afectada elegir la vía para atender su caso. También sostuvo que la intervención cívica busca atender las causas de estas conductas y ofrecer alternativas para evitar su repetición, particularmente en casos de reincidencia.

Las declaraciones corresponden a la defensa que hizo el Gobierno capitalino de sus iniciativas.