La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) presentó una iniciativa para elevar a nivel constitucional la posibilidad de que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de protección animal, como una facultad concurrente de la Federación, entidades federativas, municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
La reforma a la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Carta Magna, destaca que es sumamente limitada la protección para los animales de compañía, los utilizados en las corridas de toros, en laboratorios, los de consumo humano y para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga.
Agrega que ello se ha visto viciado por la corrupción e indiferencia de las autoridades competentes y la falta de políticas encaminadas a su protección, por lo que ante la imposibilidad de que tales disposiciones satisfagan las directrices y los estándares mínimos de protección animal requeridos a nivel internacional, resulta necesario hacer evolucionar la tutela de este tipo de animales en nuestro sistema jurídico.
Menciona que, con el cambio a la norma constitucional, se podrían emitir de forma concurrente leyes más eficaces en defensa y protección de los animales, que las que en la actualidad hay en las entidades federativas, y, sobre todo, ampliar la tutela de sus derechos, lo que también puede contribuir al cambio paulatino de la idiosincrasia de los mexicanos al respecto.
Refiere que si bien en México la penalización del maltrato contra los animales es una tendencia en crecimiento que goza de la aprobación de la sociedad, aún es necesario avanzar con un enfoque integral que vaya desde el ámbito jurídico hasta el educativo, cultural, de salud, etcétera.
Detalla que la Ciudad de México y estados como Coahuila, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Nayarit, Jalisco, estado de México, Oaxaca y Nuevo León, ya han hecho reformas y adiciones a sus respectivos códigos penales para dar una protección más fuerte desde el ámbito legal a los animales, estableciendo multas y penas punitivas.
Subraya que México es uno de los países más atrasados en materia de protección animal; por ello, la necesidad de implementar en la Constitución Política un artículo que regule esta situación a nivel nacional.