Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
En lo general se emitieron 452 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y en lo particular se registraron 425 votos en pro, 19 en contra y cero abstenciones. El proyecto de decreto se remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional.
El dictamen menciona que, a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de todas las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que señale la ley nacional en la materia.
Faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
En el régimen transitorio, precisa que en un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y, de la Constitución Política.
Dicha ley nacional deberá considerar al menos un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios, definir la autoridad nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas y públicas, y prever herramientas de simplificación y digitalización de trámites y servicios.
El documento, producto de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, contribuirá a mejorar la relación entre instituciones públicas y la ciudadanía, reducir la duplicidad de funciones, evitar actos de corrupción, así como dar transparencia y accesibilidad para todas las personas.