El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 422 votos, un dictamen que reforma la Ley de Asistencia Social, para incluir como sujetos de asistencia social a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo por nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social y/o ser hijos o hijas de madres reclusas.
La reforma, que adiciona un inciso al artículo 4 de la norma en mención y se envió al Senado para sus efectos constitucionales, refiere que en México existen 13 mil hijos de mujeres presas; de esta cantidad, mil 500 viven con su madre y/o padre en prisión, muchos de ellos en total abandono, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres.
Destaca que a estos menores vulnerables se les ha llamado “niños invisibles”, debido a que han estado ausentes de la atención de la sociedad, de las instituciones oficiales y de los beneficios de las políticas públicas en la materia.
El presidente de la Comisión de Salud, diputado Elías Iñiguez Mejía (PAN), indicó que en los reglamentos de prisiones no se reconocen los derechos de las niñas y niños en esta situación, permanecen internos con sus madres o padres, careciendo de atención médica especializada.
“Los padecimientos propios de los menores no son atendidos por especialistas, por pediatras o por la subespecialidad que requiere el menor de edad”, sostuvo.
Ante ello, enfatizó, los derechos de las niñas y de los niños deben ser iguales, estén o no estén en prisión, a estos son a quienes se les debe garantizar cuidados en su salud, como lo establece nuestra Carta Magna.
Las condiciones en las cárceles de nuestro país, dijo, no son óptimas y mantienen sobrepoblación, ya que para una prisión que normalmente tiene capacidad para 200 o 300 madres, hay hasta 500 u 800. “No podemos seguir negándoles el derecho a niñas y niños que ninguna culpa tienen de haber nacido en un reclusorio”, expresó.
La legisladora del PES, Cynthia García Soberanes, destacó que es obligación del Estado mexicano velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez sin distingos y sin sesgos, a fin de garantizar plenamente sus derechos. “Es nuestro deber como legisladores darles rostro y fortalecer el marco legal que permita, en el contexto de sus condiciones específicas, reconocerlos como sujetos de derecho”.
Por ello, precisó que no se debe olvidar que México, al ratificar la Convención de los Derechos de la Niñez, adquirió el compromiso de velar por los derechos de todos ellos, cualquiera que fuese su condición específica, por lo que “no podemos permitir que sigan invisibilizando su existencia”.
De Nueva Alianza, Mariano Lara Salazar precisó que, de acuerdo con un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los 418 centros de reclusión del país, sólo 10 son exclusivos para mujeres. Además, afirma que no existen las condiciones necesarias para su desarrollo dentro de los penales, menos aún para sus hijos.
“Es evidente que nacer o permanecer en un centro de prevención y readaptación social es una de las circunstancias más adversas que puede enfrentar un menor; sin embargo, el texto vigente de la Ley de Asistencia Social no se refiere expresamente a este grupo de menores, lo que hace necesaria la adición de esta propuesta”, argumentó.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (MC) comentó que, según un estudio de la CNDH, se requiere diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, a fin de separar a las internas sentenciadas de las procesadas, generar espacios que permitan el libre desarrollo de los infantes si tienen necesidad de permanecer dentro de los reclusorios o con sus madres.
Por Morena, la legisladora Irma López López afirmó que en México los hijos de las mujeres que se encuentran en un centro de reclusión, que están embrazadas o se embrazan durante su estancia ahí, pueden permanecer con ellas hasta los 6 años de edad, por lo que deberán contar con espacios para asegurar su desarrollo integral, así como su alimentación, vestido, salud y educación.
Sin embargo, la CNDH destaca que debido a que las mujeres son minoría en los centros penitenciarios, toda la infraestructura, organización y funcionamiento de estas cárceles fue creada en torno a los hombres, situación que continúa, pese a que en los últimos 15 años se incrementó la población femenil en 175 por ciento, refirió.
Por su parte, la diputada del PVEM, Sofía González Torres, enfatizó que una de las principales razones de la falta de atención de las niñas y niños en estas condiciones, es la ausencia de estadísticas oficiales sobre ellos. Tan sólo la asociación civil “Reinserta a un Mexicano” ha reportado 377 menores nacidos dentro de estos centros penitenciarios.
No obstante, continuó, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del 2011, estableció que el universo total de infantes en reclusión podría superar los 800 niños. Ante ello, es necesario precisar la obligación que tiene el Estado de velar por el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (PRD) detalló que los infantes, en esta situación, tienen derecho a lactancia, a la convivencia familiar, a recibir cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad y mantener su integridad física y psíquica; sin embargo, todos estos derechos se ven en riesgo de vulneración cuando su madre es recluida en una institución incapaz de respetar sus propias garantías como mujer y como ser humano.
Reiteró que el infante requiere de una madre que regule sus emociones, que se encuentre disponible para disfrutar y vincularse con él en todo momento. En síntesis, agregó, lo que el menor necesita es la presencia física de la madre. Todo ello puede darse en condiciones adecuadas, para cumplir efectivamente con el interés superior de la niñez.
Por el PAN, María García Pérez resaltó que México tiene 15 centros de reclusión de mujeres, los cuales no tienen las condiciones mínimas para albergar a niñas y niños. En este sentido, “no hay lugares dignos para dormir, espacios educativos ni recreativos para su desenvolvimiento, mucho menos un centro de desarrollo para una estimulación temprana”.
Con este importante granito de arena, subrayó, las y los niños estarán protegidos por dicha ley, misma que regula el conjunto de acciones para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social en pro del desarrollo integral del individuo, su protección física y mental de personas en estado de indefensión o desventaja.
La diputada Delia Guerrero Coronado (PRI) indicó que con la aprobación del dictamen se da un paso más para garantizar el interés superior de la niñez, y de los hijos de mujeres reclusas, particularmente. Algunos les llaman “niñas y niños invisibles”, porque viven bajo la sombra de muros penitenciarios, estigmas sociales y pobreza, son victimizados y revictimizados de forma sistemática.
Explicó que al incorporarlos como sujetos de asistencia social preferente, se les amplía el marco de protección; ellos demandan atención especial para su desarrollo sano y pleno. “Niñas y niños que forman parte del futuro de nuestro país y ante quienes estamos obligados a construirles un mundo mejor”.
