Por Juan R. Hernández
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PVEM lamentaron la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual consideraron genera un clima de incertidumbre y pone en riesgo la economía del país.
Asimismo, calificaron a la llamada “Consulta Nacional” como una burla, poco sería y sobretodo, que se privilegió lo político sobre lo técnico.
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que “(La consulta) es una burla, es una farsa, está fuera del marco constitucional, es una consulta ilegal, ilegítima, espuria y que atenta contra los principios de democracia participativa.
Aseguró que está de acuerdo con la intención de preguntar a la gente, pero este ejercicio, que se llevó a cabo entre jueves y domingo pasados, “insulta a la ciudadanía porque no respeta el Estado de derecho”.
El diputado del PAN indicó que existe “una enorme incertidumbre” y “una gran preocupación”, porque al día de hoy no hay siquiera un proyecto ejecutivo para la base aérea de Santa Lucía.
Afirmó que aún son impredecibles las consecuencias del resultado de la consulta sobre el NAIM, pero impactarán en la imagen internacional del país y en las inversiones.
“Ya empezaron algunas reacciones, por ejemplo, el impacto económico. El dólar hasta hace unos minutos estaba a 20.15 (pesos), que ha perdido ya casi el 3.5 por ciento y sigue moviéndose el mercado”, apuntó.
Romero Hicks enfatizó que la consulta impulsada por López Obrador fue producto de una “dictadura de la ocurrencia”, que no cumplió con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad ni transparencia.
“La palabra se llama falta de ética, falta de legalidad, falta de legitimidad y sobre todo, un altísimo sentido de irresponsabilidad”, externó.
Aseveró que “la dictadura de la ocurrencia” provoca, el día de hoy, que “el absurdo amanezca con una sensación de victoria”, cuando en realidad todo México perdió.
Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros, sostuvo que la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco genera una enorme incertidumbre y pone en riesgo la estabilidad financiera del país y las nuevas inversiones.
Es por ello que, dijo, el PRI analiza la ruta legal para revertir el resultado de la consulta sobre este proyecto.
El líder tricolor expresó su preocupación por las repercusiones que tendrá en el mediano y en el largo plazo una determinación de esta naturaleza, en la que, dijo, “se privilegió lo político sobre lo técnico”.
Juárez Cisneros apuntó que la consulta, impulsada por López Obrador, fue “ilegal, vulneró el Estado de derecho, violentó la Constitución, fue manipulada y anárquica”, con el objetivo de “no asumir el costo que implica decidir cuándo se es gobierno y transferir este costo a la gente”.
“Era mucho más factible continuar este proyecto en Texcoco, haciendo los ajustes necesarios, a generar una expectativa a partir de una, digamos ocurrencia, porque hoy no se tienen los proyectos ejecutivos de la certeza de que Santa Lucía es lo más viable”, indicó.
Enfatizó que es fundamental desarrollar un proyecto de esta naturaleza que permita conectividad, el fortalecimiento de una actividad económica tan importante como es el turismo y que genere empleo.
El líder parlamentario puntualizó que la dirigencia del PRI analiza la estrategia legal que como partido seguirá para que, en su momento, se actúe desde el punto de vista jurídico, una vez que ya se tomen las decisiones, a partir de que inicie la próxima administración federal, el 1 de diciembre.
Agregó que en todo lo que le sirva a México y que se sustenten en el Estado de derecho y que sea una causa sentida, que ponga en riesgo la certidumbre, la confianza y la estabilidad del país, su partido estará dispuesto a construir alianzas, “razonablemente”, con otras fuerzas políticas y ciudadanos organizados.
“En el fondo saben perfectamente que se equivocaron, saben que tomaron una decisión equivocada y espero que ojalá puedan corregir en los próximos meses. Es de sabios rectificar”, aseveró.
En su oportunidad, el coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar y Vega, pidió que los gobiernos actual y entrante actúen de manera inmediata para detener la caída del peso mexicano tras el anuncio de la cancelación de la construcción del NAIM en Texcoco.
Que también “expliquen cómo se va a cumplir con las obligaciones contractuales del Estado mexicano ante los inversionistas que participaron en la construcción del fallido nuevo aeropuerto”, indicó en conferencia de prensa.
Escobar y Vega dijo que este es un tema que ya está repercutiendo directamente en los espacios financieros de nuestro país.
“Antes de que se generen alarmas que nadie quiere, es importante que el gobierno entrante pueda intervenir, junto con el actual, a efecto de generar algunas medidas de anuncios que puedan dar tranquilidad, serenidad y certidumbre” en los mercados, agregó.
Solicitó que el gobierno de López Obrador, que inicia el próximo 1 de diciembre, exponga “cómo se va a cumplir con los contratos (de Texcoco), es decir, con aquellos contratos que traen cláusulas de rescisión, cláusulas de penas convencionales, qué alternativas van a tener para poder pagarles y fechas de pago”.
Además, cómo se trabajará con aquellos contratistas que estarán dispuesto a participar en las licitaciones para las modificaciones a los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y la construcción de dos pistas en Santa Lucía, abundó el diputado del PVEM.
Aseveró que “será muy relevante conocer ya, diría yo en carácter de inmediato, cuáles son los planes concretos, para que estos inversionistas puedan asumir un espacio de calma, de serenidad y no cunda el pánico entre los economistas mundiales y por supuesto los nacionales”.
