Toluca, Méx.- Ante los nombramientos irregulares de Notarios Públicos en la administración del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, la Fracción Parlamentaria de Morena presentó una propuesta para reformar la Ley del Notariado del Estado de México y poner candados para evitar designaciones con tintes partidistas, políticos y de amiguismo.
“No podemos olvidar que el Ejecutivo del Estado en el año 2017 violó flagrantemente el principio de legalidad, al no cumplir cabalmente con lo que señala en el artículo 11 de la Ley del Notariado del Estado de México; referente a los requisitos mínimos para ser titular de alguna notaria, generando falta de certeza, opacidad e ilegalidad en sus nombramientos”, acusó la diputada Mónica Álvarez Nemer.
El ex gobernador y hoy senador del PRI, entregó en sus últimos tres años, 15 notarías públicas, 12 de ellas anunciadas después del proceso electoral. Los beneficiados fueron su ex colaborador Erasto Martínez Rojas; Mario Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del secretario general de Gobierno; Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador priista de Guerrero, a Hazael Torres Huitrón, hijo del secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano.
El reparto de espacios también favoreció a familiares de líderes opositores, como Lorena Gárate Mejía, hija del panista Francisco Gárate Chapa; a Luz María Alatorre Carbajal, esposa del senador panista Ulises Ramírez, y a Omar Martínez Vargas, hermano del ex candidato a alcalde de Ecatepec, el perredista Octavio Martínez.
La diputada Mónica Álvarez Nemer presentó la iniciativa con proyecto de decreto para poner candados en la Ley del Notariado del Estado de México, y evitar que las notarías “sean heredadas o regaladas como pagos de favores políticos”, y se respeten las disposiciones sin violentar los derechos de los aspirantes.
El proyecto de decreto plantea que los aspirantes a notarios sean licenciados en Derecho con título profesional y cédula, con antigüedad mínima de 5 años, haber realizado prácticas de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de un año, bajo la dirección de un notario, cumplir con los exámenes de oposición que se establezcan y sin flexibilizar o eximir de requisitos. La propuesta fue remitida para su análisis a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.