“Vamos a prevenir, a investigar, a acompañar y a restituir. No descansaremos hasta cerrar el paso a quienes pretendan convertir el patrimonio de las familias en un negocio criminal”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al presentar una estrategia integral que busca fortalecer el combate al delito de despojo mediante acciones de prevención, atención inmediata, inteligencia y combate a la corrupción.
La nueva política contempla ocho medidas orientadas a proteger el patrimonio de las familias capitalinas, reducir los tiempos de respuesta institucional y atacar las estructuras delictivas que operan detrás de este tipo de ilícitos, un fenómeno que, de acuerdo con cifras oficiales, mantiene un promedio de entre 10 y 11 casos diarios en la ciudad desde 2019.
Una estrategia que busca actuar antes de que ocurra el delito
El eje central del plan consiste en fortalecer la seguridad patrimonial desde la prevención.
Para ello, el Gobierno de la Ciudad impulsará un programa permanente de regularización, escrituración, registro notarial y sucesión de propiedades, con el objetivo de disminuir los riesgos legales que pueden facilitar el despojo de viviendas o terrenos.
Como parte de esta estrategia también se anunció la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, organismo que estará adscrito a la Consejería Jurídica y brindará asesoría especializada a personas afectadas o en riesgo de perder su patrimonio.
Menos tiempo para recuperar una vivienda
Uno de los cambios más relevantes consiste en la reducción de los tiempos de actuación institucional.
La administración capitalina planteó que los procedimientos de restitución de inmuebles se resuelvan en un plazo de 15 días, mientras que la judicialización de los casos tenga un límite de 30 días, con el propósito de evitar que los conflictos patrimoniales permanezcan abiertos durante meses o incluso años.
A ello se sumará un protocolo único de atención que coordinará la actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia, la Consejería Jurídica y otras dependencias cuando exista un reporte de posible despojo.
La mira puesta en las redes criminales
Más allá de atender cada caso de manera individual, el Gobierno capitalino anunció que reforzará los trabajos de inteligencia para identificar posibles organizaciones dedicadas al despojo de inmuebles.
La estrategia contempla el análisis de patrones delictivos, vínculos entre expedientes y seguimiento de grupos que pudieran operar de manera sistemática en distintas zonas de la ciudad.
En paralelo, la Contraloría General creará un equipo especializado de control interno encargado de investigar posibles actos de corrupción, colusión o complicidad de servidores públicos que faciliten este delito.
Brugada advirtió que cualquier funcionario que participe en estas prácticas enfrentará sanciones administrativas y penales.
Una cartilla para proteger el patrimonio
La prevención también incluirá una campaña informativa dirigida a propietarios de inmuebles.
Las autoridades elaborarán una cartilla de seguridad patrimonial con recomendaciones como mantener actualizada la documentación de las propiedades, registrar los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, activar la alerta inmobiliaria, regularizar sucesiones, formalizar contratos de arrendamiento, conservar comprobantes de posesión y denunciar de inmediato cualquier intento de ocupación ilegal.
Asimismo, recomendarán no firmar documentos relacionados con la propiedad sin recibir asesoría jurídica.
Más coordinación institucional
Durante la presentación, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el Gabinete contra el Despojo ha atendido mil 32 casos, de los cuales 644 corresponden a conflictos civiles y 388 fueron clasificados como presuntos despojos.
Como resultado de estas acciones, se han logrado 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos relacionados con las investigaciones.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que en lo que va del año han sido detenidas 46 personas por el delito de despojo.
Explicó que la estrategia parte de denuncias realizadas a través del 911 y del número 55 5345 8120, además del monitoreo permanente de reportes en redes sociales.
Según el protocolo, la policía del cuadrante deberá responder en un tiempo menor a tres minutos para verificar si existen elementos de flagrancia, como el forzamiento de chapas o el ingreso ilegal a una propiedad.
Reformas legales y nuevas herramientas
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que ya opera una Alerta Registral, mecanismo que detecta movimientos sospechosos sobre inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
También anunció la creación de una Unidad de Inteligencia Registral, cuya función será analizar información para detectar posibles fraudes y fortalecer las investigaciones del Gabinete contra el Despojo.
Además, adelantó que se impulsarán reformas a la legislación registral para reforzar los mecanismos de verificación de identidad y autenticidad durante los trámites relacionados con bienes inmuebles.
El Poder Judicial también se suma
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, propuso integrar una Unidad Especializada conformada por 20 jueces, dedicada exclusivamente a agilizar la atención de este tipo de asuntos.
Entre las medidas planteadas también figura la creación de un registro institucional de inmuebles afectados, un área receptora de órdenes de desalojo y mecanismos para detectar oportunamente procedimientos judiciales simulados que pudieran utilizarse para facilitar despojos.
Un delito que mantiene cifras estables
Aunque la incidencia del despojo no ha registrado incrementos significativos en los últimos años, las autoridades capitalinas consideran que la complejidad de este delito requiere una respuesta institucional más amplia que combine prevención, reacción inmediata, investigación y reformas legales.
La estrategia presentada por el Gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer la protección del patrimonio familiar mediante una coordinación entre autoridades administrativas, ministeriales y judiciales, con el propósito de reducir la operación de redes dedicadas al despojo y ofrecer mecanismos más ágiles para la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.