Extraía agua sin concesión para abastecer pipas
Como parte de una política firme contra el uso irregular del agua en México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con la Guardia Nacional, clausuró un pozo clandestino que extraía agua del acuífero Cuautitlán-Pachuca sin contar con el título de concesión correspondiente. El operativo fue resultado de denuncias ciudadanas y refuerza la visión del agua como un bien público, no una mercancía.
En atención a denuncias recibidas a través de su sistema de vigilancia, la Conagua, dirigida por Efraín Morales López, encabezó una inspección conjunta con la Guardia Nacional que permitió ubicar un punto de extracción de aguas nacionales en flagrante violación a la normativa.
Durante el operativo, se identificó que del pozo se extraía agua subterránea sin la concesión correspondiente, y que ésta abastecía de manera regular a al menos 25 camiones tipo pipa. El sitio, ubicado en la zona del acuífero Cuautitlán-Pachuca, operaba sin autorización, comprometiendo el equilibrio hídrico de la región.
Con el objetivo de prevenir mayores afectaciones ambientales y al suministro comunitario, se procedió a la clausura temporal del pozo e iniciaron los procedimientos legales pertinentes. Será la autoridad judicial quien determine las sanciones y medidas definitivas contra los responsables.
Este operativo se enmarca en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, y reafirma el compromiso del Gobierno de México de asegurar una gestión ordenada, equitativa y sustentable del recurso hídrico.
La Conagua llamó a la ciudadanía y a todos los sectores a realizar denuncias a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (Podan), con el objetivo de frenar la explotación ilegal de recursos hídricos, propiedad del pueblo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado como prioridad nacional que el agua deje de ser tratada como una mercancía y se reconozca como un derecho humano fundamental.
La clausura del pozo clandestino no solo marca un precedente legal contra el robo de agua, sino que representa una acción concreta frente a uno de los desafíos más graves del país: la explotación descontrolada de los recursos naturales. En un contexto de estrés hídrico y creciente demanda, la defensa del agua como bien público se vuelve un acto de justicia social y de supervivencia colectiva.