Los establecimientos de bajo impacto en la capital tendrán un esquema de avisos para corregir incumplimientos antes de enfrentar una suspensión, como parte del Código Avisa, presentado por el Gobierno de la Ciudad de México. La autoridad mantendrá la intervención inmediata cuando exista un riesgo para la población.
El modelo de verificación administrativa busca evitar que faltas subsanables provoquen cierres prolongados de pequeños negocios. Entre los establecimientos mencionados están papelerías, tiendas de abarrotes, cafeterías y talleres mecánicos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, planteó como prioridades la prevención antes que la sanción, evitar clausuras a negocios de bajo impacto, combatir la corrupción y actuar ante situaciones que comprometan la integridad de las personas.
Sin embargo, el esquema no elimina las suspensiones ni las medidas de seguridad. El director general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Jorge Salvador Esquinca Montaño, explicó que habrá una primera notificación de irregularidades, una segunda de carácter reiterativo y un apercibimiento. En caso de reincidencia, podrán aplicarse medidas cautelares, como la suspensión.
La venta de alcohol a menores, el exceso de aforo y otras condiciones que pongan en peligro la salud o integridad de la población darán lugar a medidas inmediatas, señaló Brugada.
El Código Avisa no aplicará a establecimientos de alto impacto zonal, como bares, cantinas, centros nocturnos, cabarets y discotecas. Para estos negocios se contempla un apercibimiento previo; ante un riesgo inminente, se procederá al desalojo y cierre.
El gobierno capitalino también anunció cinco acciones contra irregularidades en las verificaciones: órdenes digitales cuya autenticidad pueda comprobarse; controles de confianza y credenciales inteligentes con código QR; nuevos uniformes y cámaras corporales; pago de multas directamente ante la Secretaría de Administración y Finanzas, y fortalecimiento de Verificatel.
Mediante este último servicio, los responsables de los establecimientos podrán corroborar la identidad y autorización de los verificadores, así como presentar quejas. Las medidas buscan impedir la actuación de falsos funcionarios y reducir los espacios para cobros indebidos y extorsión.
El INVEA ofrecerá talleres con la Secretaría de Desarrollo Económico y verificaciones voluntarias para orientar a comerciantes sobre los aspectos que deben corregir. Además, cada lunes habrá personal del instituto en las mesas de la Defensoría Ponciano Arriaga para asesorar sobre procedimientos de verificación y regularización.
Las medidas anunciadas comenzarán el lunes 5 de octubre. El Gobierno de la Ciudad de México buscará que las alcaldías adopten el modelo, pues también tienen atribuciones de verificación; su incorporación no fue presentada como un acuerdo ya concluido.