Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación organiza foro sobre los retos del desplazamiento forzado interno

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La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación realizó en la Cámara de Diputados el foro “Los retos del desplazamiento forzado interno en México”, con el objetivo de abordar esta problemática y las propuestas para combatirla desde el Legislativo.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), presidente de la Comisión Bicamaral, indicó que el objetivo de este encuentro es visibilizar la agenda pendiente, ya que la justicia para las personas desplazadas es una deuda que se tiene y saldarla es un acto que no se puede postergar.

“Desde el Poder Legislativo debemos impulsar una reforma legal que ayude, de alguna manera, a pacificar las regiones que presentan conflictos por diversas razones en donde impera la ingobernabilidad y la inseguridad. Son muchos los retos y desafíos, pero es momento de sentar las bases legales para el reconocimiento del desplazamiento”, puntualizó.   

Enfatizó que es necesario seguir haciendo visibles estos temas, pues la manera de solucionar la violencia es dialogando y encontrando una paz duradera. “Abriremos las puertas para seguir buscando la ruta de solución y lograr una ley que acuda y proteja a los desplazados. Es un tema que no se aguanta más”

Existen grupos vulnerables en el desplazamiento

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, su presidenta, diputada Gabriela Sodi (PRD), expresó que en el tema de desplazamiento forzado salen a flote grupos vulnerables, así como niñas y niños en fase de tránsito con tutela y sin ella, pues ese fenómeno ha sido una problemática que se ha incrementado en las últimas décadas, principalmente por la violencia generalizada que atraviesan los estados y municipios.

Mencionó que la vulnerabilidad y la pobreza estructural agravan las condiciones de las personas víctimas de desplazamiento forzado y afectan derechos civiles, constitucionales, políticos, sociales y culturales, además de la seguridad y la libertad de residencia. También ha impactado en la vida de quienes migran por cuestiones de seguridad, para obtener mejores condiciones de vida o buscar refugio humanitario.

Aplaudió el trabajo de la Comisión Bicamaral para abordar este asunto, e hizo votos para que el Senado apruebe la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, a efecto de emitirla y avanzar, y para que en el Presupuesto 2024 se contemplen recursos dirigidos a la protección y reparación del desplazamiento. “Exigimos hacer el esfuerzo para que quede el presupuesto integrado en este nuevo ciclo”.

La Comar necesita de mayor presupuesto

Al moderar la Mesa 1 “Estado actual del desplazamiento forzado interno en México”, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, de Morena, comentó que las y los diputados deben trabajar para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reciba mayor presupuesto, pues el número de refugiados ha crecido exponencialmente. “Hay que sensibilizar a la Secretaría de Hacienda, de lo contrario la ley en la materia quedará en letra muerta”, advirtió.

Aseguró que hacer énfasis en fortalecer a la Comar es hacer énfasis en los derechos humanos, en el recibimiento del desplazado y del migrante. Dijo que se requiere un consenso y redefinir estos temas, pues no está saldada la deuda histórica con comunidades.

Necesario, contar con elementos mínimos de coordinación

María de los Ángeles Haces Velasco, subcoordinadora de análisis para el diseño de políticas públicas y estrategias de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, de la Secretaría de Gobernación, señaló que si bien no hay una situación de emergencia en materia de desplazamiento forzado es necesario tener elementos mínimos de coordinación para evitarlo, así como para atender la movilidad impuesta y generar acciones duraderas.

Apuntó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 262 mil 411 personas en contextos de movilidad delictiva o de violencia; sin embargo, no hay una cifra exacta y por ello es importante que la ley en la materia plantee la creación de un registro. Enfatizó que los efectos del desplazamiento son una vulneración múltiple de los derechos humanos que repercuten en el ámbito comunitario, individual y familiar.

De zonas y comunidades indígenas, la mayoría de desplazados

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena) apuntó que la mayoría de los desplazamientos se dan en comunidades indígenas, como consecuencia del uso de territorios para aprovechamiento de recursos, lo que lleva a que haya distintos tipos de violencia, discriminación y marginación. “Debemos luchar y hacer un gran equipo para ir más allá de colores y discursos”.

“Las personas desplazadas, al final del día, no tienen otra posibilidad que huir de un lugar a otro, a pesar de que cualquiera tiene derecho a un lugar digno para vivir y en paz”.

El fondo de la Ley General es para hacer justicia social a indígenas y campesinos

El diputado Fernando Marín Díaz (Morena) consideró que el fondo del proyecto de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno es hacer justicia social a los “siempre injusticiados de los pueblos indígenas y campesinos, pues las víctimas del desplazamiento regularmente son pobres”.

Indicó que una cosa es la ley y otra la realidad, por lo que se debe empujar desde la sociedad, el Legislativo y el gobierno que la ley tenga vigencia y pueda ser realizable; se habla de más de 71 millones de desplazados a nivel mundial, más de 6 millones en América Latina y más o menos 375 mil desplazados forzados en México. “Se debe resolver un problema fundamental de justicia social”.

Desplazados también provienen de sitios con riquezas minerales

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, expuso que los desplazamientos se dan en lugares donde hay yacimientos de oro o riquezas minerales. Una de las consecuencias, en el caso de los adultos mayores, es que éstos ya no pueden ser reubicados dignamente al no conseguir fuentes de trabajo. “Tus tierras que trabajaste están en manos de personas criminales, entonces lo único que te queda es vivir por vivir, porque tus esperanzas han quedado atrás”.

No debe aprobarse una ley sin presupuesto

En su turno, la senadora María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) aseveró que no debe aprobarse una ley sin un presupuesto digno que ayude a abatir este problema que obliga a los ciudadanos a abandonar sus lugares de nacimiento, dejando a sus familias atrás, a las cuales en muchas ocasiones no vuelven a ver. “Había documentos al respecto de los desplazamientos que datan desde los años 70, pero hasta 2019 México reconoció este problema”, dijo.

Atender de manera integral el desplazamiento

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Nestora Salgado García (Morena), se congratuló por poner en la agenda política y pública este tema, ya que el desplazamiento forzado interno es una de las problemáticas que han impedido el goce efectivo de los derechos humanos, por lo que se necesitan acciones para prevenirlo, atenderlo y sancionarlo de manera integral, así como avanzar en la aprobación de la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

El desplazamiento forzado, dijo, está ligado a otras violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia e inseguridad; se calcula que entre 260 mil y 357 mil mexicanos y mexicanas han dejado sus hogares. Cada día 38 personas abandonan sus hogares por la violencia. En 2021 se registraron 29 mil personas desplazadas; Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron los estados con más desplazamientos.

Vivienda digna y seguridad alimentaria, entre las necesidades de los afectados

Daniel Alejandro Márquez Bocanegra, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., mencionó que las necesidades de las personas desplazadas se refieren al acceso a una vida digna, servicios básicos, personalidad jurídica, protección a la vivienda, seguridad alimentaria y personal. Planteó que la ley en la materia debe tomar en cuenta las complejidades del tema.

La ley sigue sin aprobarse; es el principal reto

Raúl Romo Viramontes, del Consejo Nacional de Población (Conapo), consideró que el gobierno se ha quedado corto ante un problema complejo y multidimensional, y ante un panorama de falta de la ley. Agregó que, a pesar del diagnóstico que realizaron y publicaron sobre el desplazamiento en México, la ley sigue sin aprobarse, por lo que es el principal reto a cumplir, aunado a que haya el dinero que se requiere pues “¿de qué sirve una ley sin dientes?”.

Que se les cumpla a los pueblos

Al iniciar la Mesa 2 “Marco jurídico del desplazamiento forzado interno: la propuesta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, Francisco Urbina Pérez, a nombre de pequeños propietarios desplazados de Chiapas, dijo representar a casi 4 mil personas desplazadas desde 1994; por ello, hizo votos para que se les reconozca como víctimas y se les indemnice, así como asignar los recursos. “Las leyes no se aplican por la falta de recursos; no estamos pidiendo que nos regalen nada, es un acto de justicia social y una deuda histórica con los pueblos”.

El desplazamiento forzado lleva a la desaparición de lenguas

Ramón Martínez Coria, presidente del Consejo Directivo del Foro para el Desarrollo Sustentable A.C, expuso que todo desplazamiento forzado conlleva un etnocidio, al exterminar sus formas bioculturales, pues en México, de las 70 lenguas que existen, por desplazamiento forzado van a desaparecer al menos 40 lenguas vivas en la siguiente generación. “Esta administración ha sido ingrata con la sociedad civil defensora de derechos; necesitamos esa ley y voluntad para asignarle recursos”.

Desplazamiento masivo silencioso se disfraza de migración

Horacio Santiago Díaz, integrante de la Dirección Política del Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente, dijo que de la década de los 80 a la fecha se ha generado un desplazamiento masivo silencioso que se disfraza de migración; no obstante, fueron obligados a dejar sus tierras por la violencia y las amenazas. Propuso que la Federación asuma el tema, al ser un efecto de la omisión del Estado para garantizar la seguridad de la población.

México es uno de los corredores del fenómeno migratorio

Javier Huerta Jurado, diputado de Morena, relató que México no ha vivido un problema de desplazamiento humano tipificado como migración de manera reciente, pues desde la década de los años 70 se tuvo una migración masiva de centroamericanos; dicho fenómeno se ha revestido de diferentes formas y México es uno de los corredores del fenómeno migratorio más grande del mundo y da paso a la migración forzada por relaciones laborales y de seguridad.

Celebró este foro para continuar analizando el tema y buscar la fórmula para atenderlo mediante un diálogo con los afectados, funcionarios y legisladores. Llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación a atender los reclamos de la ciudadanía, ya que es uno de los pendientes de la Cuarta Transformación.

Al concluir, el diputado Vázquez Vázquez dijo que es claro que sin una ley que tenga obligatoriedad para atender esta problemática se recaerá en lo mismo, pero “cuando hay voluntad política todo se puede”.

Coincidió en la necesidad de sensibilizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que exista una bolsa presupuestaria que permita enfrentar la situación.