La Comisión de Educación, presidida por la diputada Adela Piña Bernal (Morena), aprobó con 18 votos a favor y 2 en contra, el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Educación Superior y que abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
El documento señala que dicha ley es reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política y su aplicación corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y a los municipios, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior.
Tiene por objeto establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior en el país; regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.
También contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos; entre otros.
Participaciones de las y los diputados
La diputada Adela Piña Bernal señaló que la ley establece la gratuidad de la educación superior, que es algo que se anhelaba desde hace mucho tiempo. Asimismo, deja claro que la educación es un derecho que tienen todas y todos los mexicanos.
“No es una ley que se haya hecho al vapor, por el contrario, quiero dejar muy enfáticamente claro que ésta tuvo a bien trabajarse 9 meses por distintos actores como autoridades educativas, rectores, con los grupos parlamentarios, en reuniones y foros, por lo tanto, creo que trae un consenso muy amplio”, comentó.
Indicó que incorpora elementos que enriquecen los fines, principios y políticas de la educación superior que armoniza lo establecido en la Constitución; reconoce y respeta la autonomía universitaria como elemento indispensable para el desarrollo armónico de la educación superior en el país y una característica irrenunciable de un sistema democrático.
Contiene el respeto al régimen laboral de las y los trabajadores, el cual preserva los derechos fundamentales obtenidos por el personal académico, empleados, administrativos de las Universidades Autónomas por ley y en general de las instituciones de educación superior.
También se establece el Sistema Nacional de Educación Superior como el conjunto de actos, instituciones públicas y particulares de educación superior que está integrado por los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas normales y formación docente.
Fomenta medidas para proteger el bienestar físico, mental, social y emocional de las y los estudiantes; así como del personal que labora en las instituciones de educación superior y promueve novedosos esquemas de formación, actualización, capacitación, profesionalización y superación del personal docente de educación superior a efecto de mejorar las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) dijo que no se puede hablar de garantizar la gratuidad cuando ni siquiera se quiere resolver el problema de las universidades que hoy están en crisis. “Esta ley no quiere debatir a fondo el problema de la educación; este país va a seguir siendo un país maquilador porque aquí no se le quiere apostar a la ciencia y tecnología”.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena) comentó que, en la discusión de la ley en el Pleno, se deben ingresar reservas y hacerlas valer.
Su compañero de partido, diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, señaló que es la primera ley que va a contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico y productivo de nuestro país con ese compromiso social que pone al servicio de la nación y la sociedad sus conocimientos.
De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo explicó que, si bien las universidades públicas han trabajado con un marco de regulación, lo que hace esta ley es formalizar la forma en que lo hacían.
El legislador José Luis Montalvo Luna (PT) expresó que es importante integrar un párrafo a la ley, con el fin de señalar la problemática de 20 universidades y que esta sea resuelta. “Yo quisiera que nos ayude a revisar y escuchar el análisis con la posibilidad de integrarlo”.
Al respecto, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) dijo que la oportunidad de apoyar a 20 universidades es algo bueno y vale la pena revisar el beneficio de subir esta reserva y se pueda transitar en la misma.
De la bancada del PAN, la legisladora Isabel Margarita Guerra Villarreal comentó que no hay dinero que alcance para las universidades. “Nosotros lo advertimos desde el momento que se estaba aprobando la Ley General de Educación y las reformas al artículo tercero, y ustedes aprobaron la gratuidad”.
La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) indicó que es una ley que costo muchas mesas de trabajo, escuchar a diferentes grupos y se trabajó con universidades. “Hay una mejora en cuanto a financiamiento, aunque sabemos que el dinero no alcanza nunca”.
El legislador Oscar Rafael Novella Macías (Morena) propuso que se prolongara la discusión de esta minuta, a fin de estudiarla mejor. “Una ley nunca es un producto acabado y más vale poder hacer un último análisis y rectificar ya que existen inquietudes de estudiantes y académicos.
Su compañera de partido, la diputada María Teresa López Pérez dijo que si bien las universidades públicas tienen muchas carencias, también algunas estaban respondiendo intereses de una clase dominante que está ligado a los intereses del capital, incluso, en algunas se estaba privatizando la educación.
Iniciativa y Puntos de Acuerdo
En la reunión también se aprobó una iniciativa y 13 puntos de acuerdo, relacionados con la atención, evaluación, apoyo e integración de estudiantes con aptitudes sobresalientes, intelectuales, deportivas o artísticas y la inclusión de estudiantes artistas con discapacidad.
Otros puntos de acuerdo exhortan a la secretaría del ramo a habilitar una opción en línea para trámites de expedición de certificados de estudios y títulos profesionales; creación de un fondo que garantice que las niñas, niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres por Covid-19 puedan terminar sus estudios; derechos laborales de las y los docentes; mantenimiento de escuelas; entrega de libros de texto gratuitos; entre otros.