La Comisión de Gobernación y Población avaló su opinión a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política, en donde se considera necesaria la aprobación de la propuesta para establecer la Guardia Nacional, y la remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de elaborar el dictamen respectivo.
En reunión de trabajo, los integrantes de la Comisión, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), aprobaron el documento de opinión, que señala que en caso de dictaminarse a favor de la Guardia Nacional, es necesario cuidar que ninguna de las disposiciones contenidas en el proyecto de decreto respectivo pueda ser interpretada en sentido denostativo hacia las Fuerzas Armadas.
Precisa que resulta relevante y benéfico disponer que los integrantes de la Guardia Nacional -como miembros del Ejército que estarán desempeñando funciones de salvaguarda de la libertad, la vida, integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación- cuenten con un régimen especial de servicio que prevea requisitos de capacitación en materia de uso de la fuerza y de respeto a los derechos humanos, adicionales a todos los del servicio de acceso, permanencia y ascenso, que al efecto le apliquen a la Guardia Nacional respecto del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Indica que es conveniente fortalecer dicho régimen con instituciones de profesionalización o especialización en capacidades policiales, estándares mínimos de infraestructura y programas de formación con reconocimiento de validez que permitan, en el menor tiempo posible, egresar a los efectivos que se requieren para fortalecer el estado de fuerza de la Guardia Nacional, así como para homologar las capacidades de los diversos miembros provenientes de la Policía Militar y Naval y de la Federal, para el desempeño de sus funciones de seguridad pública.
También se plantea establecer, en el régimen transitorio, los contenidos fundamentales que la ley orgánica y las disposiciones administrativas emita el Ejecutivo federal para desarrollar, entre otros, estándares convencionales de uso de la fuerza y armamento por parte de los integrantes de la Guardia Nacional, así como directrices para instrumentar la obligación de proteger la dignidad humana y los derechos humanos de las personas.
Es decir, precisa, los transitorios deberán establecer claramente la obligación de emitir mecanismos, procedimientos, protocolos y directrices concretos específicos para los distintos casos en que el uso de la fuerza sea necesario y respeto a derechos humanos en el desempeño de las funciones particulares de la Guardia Nacional.
Del mismo modo, se propone disponer, en un artículo transitorio, que se evaluará la necesidad de transformar la naturaleza de la Guardia Nacional en un cuerpo civil, cuyos miembros, ya sean de procedencia militar o civil, tendrán la opción de permanecer, conservando el mismo régimen de prestaciones laborales y de carrera, u optar por separarse y reincorporarse a la Policía Militar o Naval.
Lo anterior, indica, obedece a que no es conveniente orientar la transitoriedad, a que la Guardia Nacional mantenga su naturaleza militar y que ésta, eventualmente deje de cumplir funciones de seguridad pública, ya que toda la capacidad construida, tanto institucional como operativa, para el desempeño de las tareas de seguridad pública establecidas en el artículo 2º de la Ley de la Policía Federal, se perdería. Por otro lado, agrega, no conviene mantener un periodo indeterminado de transición que se pueda prolongar de manera discrecional.
PEF- Gobernación
Durante la reunión, la Comisión también aprobó su opinión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, para este sector, en la que estimó procedente la aprobación del Ramo 4; sin embargo, sugirió modificar los programas para “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” y el de “Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, los cuales sufren un recorte en comparación con 2018 y se plantea incrementar sus recursos.
Asimismo, se proponen cambios al artículo 26, para instituir la observancia del principio de no discriminación e igualdad jurídica, como criterio general para el establecimiento de la justificación, población objetivo, cobertura geográfica, criterios y requisitos, recursos, bienes y servicios, lenguaje incluyente y no sexista, difusión, coordinación institucional, contraloría social y evaluación de los programas presupuestarios, que deben sujetarse a reglas de operación.
El documento, remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento, señala que en el caso específico de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Ejecutivo federal propone un recorte de tres mil 591 millones de pesos (mdp) con respecto a 2018, lo que significa un decrecimiento de 9.1 por ciento en términos reales. Por otra parte, se mantiene dentro de su presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública en el Ramo 04.
En materia de seguridad, la Comisión compartió la visión del Ejecutivo federal de crear el Programa de Provisiones para la Infraestructura de Seguridad por un monto de 250 mdp, así como el cumplimiento de la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual incrementa los subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas por un monto de 207 mdp.
Asimismo, el Programa de Determinación, Ejecución y Seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenta con 193.22 mdp, lo cual es un avance relevante para la atención de las familias víctimas de la violencia en México, pilar de las acciones a realizar por la Secretaría de Gobernación.
Otro de los programas de nueva creación, subraya, es el de Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México, al que se le destinan 184.77 mdp, el cual es una de las responsabilidades prioritarias de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, manifestó su preocupación por aspectos que requieren atención, como el caso del recorte de 30 por ciento en términos reales a los recursos destinados a la “Promoción de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, que en la actualidad es uno de los pilares de las políticas de género a los que está obligada la Segob, para la promoción y defensa de los derechos humanos; planteó no reducirlo y destinar un monto de 256.26 millones de pesos.
También, menciona que hay un recorte de 24 por ciento a los recursos para la “Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública”; se sugirió no realizar este decremento, para que tenga un presupuesto de 399.48 millones de pesos.
