La Comisión de la Ciudad de México, presidida por la diputada Cecilia Soto González (PRD), aprobó 11 puntos de acuerdo en apoyo a damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre, con el fin de condonarles el pago del predial y del suministro de agua en inmuebles inhabitables; reestablecerles el abasto del vital líquido; además, para analizar el reglamento de construcciones y fortalecer las instancias de protección civil.
Un dictamen exhorta al gobierno capitalino a solicitar la Declaratoria de Desastre Natural por el sismo de magnitud 7.1 registrado el 19 de septiembre en las 16 delegaciones políticas, y se canalicen los fondos federales y locales a la atención de los damnificados en Tláhuac, de manera pronta y eficiente.
Otro, pide a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a sus homólogas de las entidades federativas con municipios afectados por los sismos, a establecer medidas especiales que garanticen apoyos emergentes con apego a derecho, en el ámbito de sus competencias.
También, para que, en su caso, se implementen las medidas conducentes para fincar responsabilidades administrativas y penales, cuando se compruebe que se está haciendo mal uso de los apoyos.
Otra proposición es para que la Secretaría de Finanzas y el Sistema de Aguas, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, emitan resoluciones para condonar el pago de impuesto predial y los derechos por el suministro de agua, respectivamente, a las personas cuyos inmuebles en la Ciudad de México resultaron afectados por los sismos de septiembre y se encuentran en condición de inhabitabilidad.
Una más, para que el gobierno capitalino considere la invitación permanente a diputados federales integrantes de la Comisión de la Ciudad de México, y a diputados locales de la Asamblea Legislativa, a las sesiones del órgano consultivo de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una capital cada vez más resiliente.
Asimismo, para que el Sistema de Aguas de la ciudad realice las gestiones administrativas necesarias, para “restablecer el suministro de agua en las delegaciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre, y garantizar el ejercicio del derecho humano al líquido”.
Otro punto de acuerdo plantea que el gobierno federal, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el gobierno de la CDMX, hagan públicos los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por los sismos de la administración pública federal y local, atendiendo los principios de máxima publicidad e inmediatez del derecho a la información pública.
Además, solicita que los Institutos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales federal y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX, implementen acciones de vigilancia para que la información de los dictámenes de daños estructurales observen los principios de máxima publicidad e inmediatez.
Por otra parte, se solicita a las demarcaciones de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gusta A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco hacer públicas las manifestaciones de construcción de los inmuebles colapsados.
Igualmente, den a conocer a las constructoras que incumplen las normas y el reglamento de construcción, e inicien las acciones administrativas pertinentes contra ellas.
Además, se pide a los gobiernos de las 32 entidades federativas instrumentar mecanismos de supervisión de todas las obras de construcción, con pleno respeto a la protección de datos personales y los permisos correspondientes.
También se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la industria de construcción.
“Lo que se pretende es reforzar los mecanismos de supervisión del cumplimiento de la normatividad, y el combate decidido y serio contra la corrupción”, explica.
De igual manera, los integrantes de la Comisión aprobaron un punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a realizar de manera urgente los trabajos de apuntalamiento al arco de piedra ubicado en Calzada de Hueso número 139, en la delegación Coyoacán.
Hicieron un llamado para que el INAH establezca contacto y acuerde mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades, en las que el patrimonio histórico resultó afectado, a fin de coordinar los trabajos de restauración y recuperación de los bienes culturales.
A su vez, aprobaron otro punto de acuerdo en el que requieren a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México realizar políticas públicas enfocadas en prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar la Barranca de Tarango.
Consideraron que esta acción podría mitigar proporcionalmente los efectos del cambio climático y se conservaría el valor ambiental de la zona, toda vez que permite la infiltración de agua y recarga de los mantos acuíferos.
También avalaron exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX a dar celeridad a las investigaciones por los presuntos actos de abuso sexual en contra de niñas y niños dentro del kínder “Circulo Infantil Personalizado S.C”, ubicado en la delegación Cuajimalpa de Morelos.
Asimismo, se demanda a la Secretaría de Educación Pública medidas precautorias para el kínder, así como las acciones necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los menores.
Los legisladores reprobaron cualquier conducta de acoso y abuso sexual en el sector salud del país y de la Ciudad de México; por ello, exhortaron a emitir protocolos de actuación frente a estas conductas y se capacite al personal médico especializado en estos temas.
De igual forma, solicitaron al gobierno capitalino investigar las denuncias de acoso y abuso sexual en contra de un servidor público adscrito a la Clínica Especializada Condesa, para que se determinen las responsabilidades a que haya lugar, e hicieron un llamado para que se resuelvan las diferencias de manera pacífica y dentro del marco de la ley y las instituciones.
Finalmente, pidieron al gobierno de la Ciudad de México analizar y realizar las reformas pertinentes al Reglamento de Construcciones con el fin de atender los eventos de origen geológico, con base en los principios de resiliencia de los inmuebles.
También, plantearon que el gobierno capitalino considere dotar de recursos necesarios en 2018 a la operatividad de Protección Civil y la prevención y atención de desastres, así como para el funcionamiento del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México