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- El gobierno mexicano reportó alrededor de 16 mil personas localizadas en 2026; el organismo insiste en que la Asamblea General examine la situación y promueva cooperación internacional.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas reconoció la localización de alrededor de 16 mil personas reportada por el gobierno mexicano durante 2026, pero mantuvo su llamado a que la Asamblea General examine la situación del país ante indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el 20 de octubre en Nueva York, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció los avances comunicados por México y pidió mantener y ampliar la cooperación internacional. El reconocimiento no significó el retiro de las preocupaciones del organismo.
Cooperación para búsquedas e identificación forense
La decisión de solicitar que la situación mexicana sea examinada por la Asamblea General se hizo pública el 2 de abril de 2026, mediante el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Comité sostuvo que la información recibida contiene indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas como crímenes de lesa humanidad, a partir de su evaluación de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país.
El mecanismo busca movilizar asistencia técnica, apoyo financiero y especialistas para fortalecer las búsquedas, el análisis forense y las investigaciones, además de proteger a familiares, organizaciones y personas defensoras. Su naturaleza es preventiva y no constituye una sentencia que determine responsabilidades penales individuales.
El organismo precisó también que no encontró indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas, una aclaración que no descarta la participación de autoridades en casos concretos.
México rechaza interpretación del Comité
En representación del gobierno mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina Padilla, rechazó la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34.
El funcionario afirmó que el Estado mexicano no consiente ni tolera las desapariciones. Atribuyó los casos actuales principalmente a grupos delictivos y reconoció la participación de autoridades municipales en algunos de ellos. También defendió la continuidad de las búsquedas y la cooperación internacional.
La cifra de alrededor de 16 mil localizaciones corresponde al reporte gubernamental reconocido durante la sesión; no debe interpretarse como un conteo independiente de Naciones Unidas ni como una confirmación de que todas las personas fueron encontradas con vida.
Procedimiento comenzó en abril de 2025
El Comité anunció la activación del procedimiento respecto de México el 4 de abril de 2025, según la aclaración que publicó el día 9 de ese mes.
Un año después anunció la decisión de solicitar que la situación fuera remitida a la Asamblea General. Se trata de dos etapas distintas del mecanismo internacional, diseñado para movilizar atención y apoyo ante indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.