Nigromante
Por José Vilchis Guerrero
Protegida con el respaldo presidencial, Rosario Piedra Ibarra se plantó frente a los reporteros como para rendir un informe burocrático, al margen de los críticos que la menospreciaron con odio panista, quienes no la aceptaron a partir de un sainete que todo parecía menos el protocolo para designar en el Senado al o la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde hubo empujones, panistas que se dispusieron a los golpes y un zafarrancho que no impidió la toma de protesta luego de no cumplir su palabra el senador Ricardo Monreal, de que se repondría la votación.
Piedra Ibarra estaba ahí, vestida de negro, con la imagen de su hermano Jesús, colgada en el pecho como lo hizo su madre por décadas en su lucha por encontrar a los desaparecidos de la guerra sucia que inició José López Portillo contra los guerrilleros surgidos del descontento nacional luego de la masacre del 2 de octubre de 1968.
Era su primera conferencia de prensa ya como titular de la CNDH en la que anunció una reforma del organismo en base a los lineamientos establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador de austeridad republicana y, para empezar, informó que trasladará su oficina al Centro Histórico de la Ciudad de México y uno de sus primeros objetivos será “acabar con la corrupción, la simulación y la impunidad”. Una reducción presupuestaria del 30% estará bien, de entrada, anunció.
Todavía sin tener en mente los alcances que tendrá su obligación al frente del organismo, precisó que dicha reducción del 30% sería para destinar recursos en las áreas prioritarias: la de quejas y los programas de apoyo a las víctimas.
Fiel al respaldo de su protector, el Presidente de la República, quien en su conferencia de prensa mañanera posterior al escándalo en el Senado de la República dijo que prefería como presidenta de la CNDH a Piedra Ibarra porque ha sido una víctima que ha sufrido en carne propia el escarnio de los que –igual que ella- han sufrido la desaparición de sus familiares, sin mencionar que esa presidencia haya surgido de un cuestionado proceso de selección en el Senado.
Por eso uno de sus primeros señalamientos fue mencionar su origen, el de una familia de víctimas.
Leyó un documento en el que precisa que para reformar a la CNDH aplicará 20 medidas de austeridad y optimización de recursos que incluyen la reducción de su salario y el de otros funcionarios, sobre todo los que ganan más que el presidente López Obrador, conforme a la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Asimismo, dijo, habrá una disminución de gastos de operación y de la plantilla de personal de confianza; suspensión de contratación de personal eventual o por honorarios; recorte de “gastos de viáticos al mínimo”, así como eliminación de viajes al extranjero. También se cancelará la partida de “seguro de separación individualizada”, una suerte de caja de ahorro especial, y se revisará la utilidad de los siete inmuebles que tiene el organismo en la Ciudad de México.
Por supuesto, siguiendo la línea de su gurú, también plantea una reducción de publicidad y el uso de automóviles para la presidencia de la CNDH, además de ahorros en gastos de oficina, luz, agua, telefonía y gasolina, así como el recorte en la contratación de asesores y de investigadores externos.
Con la espada desenvainada, la nueva presidenta de la CNDH dijo que en principio revisa documentos para ver “de cuánto es el desfalco” por la contratación de servicios y renta de equipos y si éstos fueron otorgados “mediante el influyentismo y la corrupción”. O sea, ya está viendo moros con tranchete.
Para empezar, mencionó diez acciones inmediatas como solicitar al Senado de la República las convocatorias para la designación de consejeros consultivos en los cinco espacios vacantes luego de la renuncia de consejeros ciudadanos que renunciaron en protesta luego del “fraude” en el Senado. Otra, el abatimiento del rezago de los expedientes de queja y la apertura al diálogo con las víctimas y con los colectivos comprometidos con esta causa y con los legisladores.
Así como la creación de módulos itinerantes que recorran el país y la capacitación a visitadores adjuntos “en temas de mediación y solución pacífica de conflictos (…) siempre y cuando no sean violaciones graves a los derechos humanos”.
Como si proviniera de un proceso que no hubiera tenido ningún contratiempo ni lugar a sospecha de fraude, Piedra Ibarra sostuvo que una de sus acciones primordiales será combatir la impunidad y que estará pendiente de que “ninguna autoridad responsable de violaciones se sustraiga de la acción de la Comisión”.
Por supuesto no se libró en su primera conferencia de prensa de los cuestionamientos por su complicado proceso de designación en el Senado, las expresiones que de ella ha tenido López Obrador y las recomendaciones que hará respecto de las estancias infantiles, que fueron borradas por la Presidencia.
Por cuanto a lo primero, dijo que no mintió al postularse y que su designación fue legal. Y sí, parecía que el jueves 7 de noviembre todo apuntaba a una sencilla selección, pero el protocolo se le salió de los manos a Ricardo Monreal, coordinador de la fracción morenista del Senado, encargado de operar la designación. Había ofrecido reponer una votación cuestionada, pero sus compañeros se negaron a ello, indignados por la acusación de fraude que les imputaron los panistas por instrucciones del líder de su partido, Marko Cortés. Aquello se convirtió en un encuentro de lucha libre.
Félix Salgado Macedonio sepultó el acuerdo, ignorante del acuerdo que mantenía la mayoría de Morena con los panistas para reponer la cuestionada votación.
Al grito de “Vamos con la dignidad de este Senado y con la dignidad de la presidenta electa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Por eso nadie, nadie va a votar a favor de una nueva terna o a que se reponga el procedimiento, nadie”, gritó Salgado el martes 12 en la tribuna, en rebeldía a la propuesta de Monreal de que se volviera a votar la terna integrada por Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Henríquez y Arturo de Jesús Peimbert Calvo para que no hubiera “dudas”, “suspicacias”; “raja política perversa” o “un filón de intentos de desprestigio contra Morena”.
A partir de ahí, la negativa enardeció al grupo panista. Xóchitl Gálvez había ordenado que quitaran la enorme lona que colgaba de uno de los palcos del pleno con la leyenda: “Aquí Morena roba votos, no al fraude en CNDH”. El senador morenista Armando Guadiana le había pedido que retirara la manta porque su grupo había aceptado reponer la votación para dar certeza al procedimiento. La senadora accedió y hasta se estrecharon las manos.
Con visible indignación en la tribuna, reclamó Gálvez que “de buena fe bajé esa lona porque me dijeron que íbamos a abrir un debate, que habían aceptado que se repusiera el procedimiento y Guadiana me dio su palabra” y ordenó que volvieran a colgar la manta. Y comenzó la lucha campal de los rebeldes morenistas que sabían que Piedra Ibarra era la candidata del Presidente de la República.
Por esa razón más de la mitad de las preguntas de los reporteros se fueron por el lado de la legitimidad y la polarización que suscitó su nombramiento y toma de protesta como Presidente de la CNDH, con el estigma del escándalo que rodeo su nombramiento. Reiteró en más de una ocasión que no mintió, a pesar de que hasta el jueves 7 había sido consejera de Morena y defendió a capa y espada su derecho a ser titular del organismo de defensa de los derechos humanos.
Por supuesto que es válida la exigencia de que si presume de su dignidad como hija de la fundadora de Eureka, que de inmediato renuncie o que se hubiera opuesto a la rebeldía de los legisladores para no asumir la presidencia del organismo hasta que se despejaran las dudas que generó la votación. Pero ella menospreció a los gobernadores que se han manifestado para no reconocerle su autoridad. “La ley es la ley y se tiene que cumplir”, soltó. Pues ahí quedó la duda de los mexicanos respecto a los que presumen de demócratas.
