El Senador Ciudadano, Emilio Álvarez Icaza Longoria, informó que el día de mañana jueves 6 de septiembre, presentará una Iniciativa de Ley para Abrogar la Ley de Seguridad Interior (LSI), y confió en contar con el apoyo de la mayoría legislativa del Partido Morena en ambas Cámaras para lograr su aprobación.
Precisó que contra la LSI se manifestaron en con la iniciativa que los ex senadores y ahora diputados de Morena y del PAN, Benjamín Robles, Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado, y otros como Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, Radames Salazar, Zóe Robledo. “Ya no hay pretexto para que no se abroge esta Ley. “Son mayoría en ambas Cámaras y en congruencia con lo que han dicho tendrían condición de aprobar”.
“Cito aquí un texto que viene en la Iniciativa. Mario Delgado: ´Nuestro país camina peligrosamente por la cuerda floja del autoritarismo militar, lo muertos de Peña y Calderón suman más de 200 mil; el país sigue cayendo en una insondable espiral de crimen y violencia. Esta Ley es lo único que garantiza. Hace ya muchos años Einstein dijo: ´loco es aquel que haciendo siempre lo mismo espera resultados distintos´. Esta Ley lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresar la tranquilidad a las familias mexicanas”, señaló Álvarez Icaza Longoria.
Destacó que el sentido de la iniciativa es proponer un modelo de seguridad ciudadana, en el entendido de que la LSI no es el instrumento jurídico que necesita el país. “Necesitamos construir un modelo de pacificación, no un proceso de militarización. Necesitamos un modelo institucional donde sean las fuerzas civiles las responsables de la seguridad pública y no las Fuerzas Armadas”.
Comentó que “lo que queremos es un marco que permita generar condiciones para que la seguridad esté en manos civiles. Lo que queremos es un modelo de seguridad desde abajo. En democracia lo que se regula es el uso de la fuerza, no se regula a las participaciones sociales”.
La Iniciativa de Abrogación de la LSI es acompañada inicialmente por las y los senadores José Narro Céspedes (Morena), Alejandro González Yáñez (PT); del MC, Dante Delgado Ranauro, Patricia Mercado Castro, Clemente Castañeda Hoeflich, Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez Herrera, Verónica Delgadillo García y Samuel A. García Sepúlveda; del PAN, Gustavo Madero Muñoz, Xóchitl Gálvez Ruiz y Gloria Núñez Sánchez .
También cuenta con el respaldo del Colectivo Seguridad Sin Guerra, Causa Ciudadana, Comité Eureka, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comité de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, México Unido Contra la Delincuencia, así como Santiago Corcuera Cabezut, ex presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU y la diputada federal (Ahora) Lucía Riojas Martínez y el diputado Federal (Ahora), Carlos Morales Vázquez.
El ex presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU y catedrático de la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera Cabezut, dijo que senadores de la anterior legislatura que rechazaron la LSI hicieron valer su oposición reuniendo las suficientes firmas de sus compañeros para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral García.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en la agenda la decisión sobre si este ordenamiento jurídico está alineado o acorde con la Constitución General de la República. La cantidad de violaciones que esta Ley tiene a los preceptos constitucionales es una verdadera catarata de violaciones a la Constitución, más allá de formalismos jurídicos, son la cantidad de efectos perniciosos que esta Ley puede tener en la vida de las personas de a pie”, agregó.
Precisó que en congruencia con sula mayoría legislativa de Morena en el Congreso “tiene la oportunidad histórica de adelantarse la a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en lugar de que sea ésta quien expulse esta Ley, sea el propio Poder Legislativo y la declare sin valor jurídico, la abrogue, en lugar de que sea el Poder Judicial quien lo haga”.
En su oportunidad, el senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz dijo que Gustavo A. Madero Muñoz, una de las expresiones del voto del primero de julio pasado fue la molestia y frustración ante la inseguridad pública, pero la LSI no resuelve el problema sino que confirma un modelo que no ha funcionado.
“Es por eso que lo vemos como una oportunidad de hacer acopio de todos los planteamientos que han hecho organismos de la sociedad civil, las comisiones de derechos humanos, incluso quienes se opusieron, hoy y podemos constituir una mayoría legislativa, podemos lograr una abrogación de esta Ley que fue cuestionada desde su inicio, no solo por su legalidad sino por el modelo que representa normalizar la militarización en el combate a la inseguridad”.
Lucía Chávez Vargas mencionó que la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ganó un amparo contra la LSI por violaciones a los derechos humanos al ampliar las facultades de militares en tareas de seguridad pública.
A pregunta expresa, Álvarez Icaza Longoria dijo que se busca la abrogación del modelo de seguridad pública que impone la LSI. “Lo que necesitamos es justo el cambio de modelo”.
En relación con el anuncio que hizo el Presidente Electo, Andrés Manuel López Orador, de que las Fueras Armadas proseguirán en tareas de Seguridad Pública, señaló que “es de preocupación. Hay que subrayar que contradijo lo que dijo en campaña. La señal es contradictoria. Un aviso de esta naturaleza es en verdad un retroceso”.
“Un policía está capacitado para el uso proporcional y el uso racional de la fuerza. Un militar está capacitado para el uso extremo, para el uso letal, para matar. Cuando es instrumento se utiliza para el orden de la seguridad pública con independencia de modo, tiempo y lugar, va haber violación a los derechos humanos, va haber muertes como ya ha pasado y se ha documentado; de manera que estamos utilizando un instrumento indebido para combatir un problema real: real en el sentido de la preocupación de la gente en materia de seguridad, real en el sentido del dolor y de la impunidad . Necesariamente eso tiene que ser acompañado de un modelo distinto de seguridad ciudadana”.