La dirigencia nacional del PRD acusó al Congreso de Baja California de consumar “un atropello a la democracia” al avalar la ampliación de dos a cinco años del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.
Planteó que esa modificación, a su decir arbitraria e ilegal, no es en beneficio de las y los bajacalifornianos. “Los intereses y beneficios son personales y con esto no se garantiza el orden constitucional ni se respeta el Pacto Federal”, externó Estephany Santiago Fernández, de la dirigencia perredista.
En un posicionamiento sobre el tema, sostuvo que “al mantenerse al margen y respetuosos de esa violación a la Constitución, (el Poder Ejecutivo y funcionarios federales) se convierten en cómplices.
“Es una grave violación a la ley y a la Constitución lo que se está haciendo, es una barbarie la necesidad con la que están actuando y cediendo las y los legisladores de Baja California para consumar intereses personales y no de la ciudadanía”.
Recordó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldó la desaparición de poderes en la entidad y el Consejo Nacional avaló interponer juicio político contra las y los legisladores por la llamada Ley Bonilla.
Santiago Fernández remarcó que en ese instituto político “no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no permitiremos que se consume ese agandalle que a todas luces se pretende sea la antesala de la extensión de mandato en otras entidades y otros niveles de gobierno, es una clara señal de autoritarismo”.
Agregó que las y los perredistas estarán acompañando las demandas ciudadanas que no están de acuerdo con lo avalado por el Congreso de Baja California y confió en que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare a esa reforma improcedente e inconstitucional.