Por considerar que favorece a invasores y contrapone los derechos a la vivienda y el de propiedad privada, diputados locales harán una contrarreforma al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la CDMX
Lo anterior, tras la polémica que causó la redacción de ese artículo, pues complica el eventual desalojo de inquilinos que no pagan renta o hacen mal uso del inmueble que ocupan.
La enmienda busca evitar confusiones judiciales durante un proceso y así garantizar el derecho a la propiedad, explicó la legisladora del PAN, Margarita Saldaña, quien hoy presentará su iniciativa.
La panista cuenta ya con el consenso de los grupos parlamentarios y el pronunciamiento de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también está en contra del actual artículo, pues también considera que se vulnera el derecho de propiedad.
Saldaña explicó que la actual disposición es confusa, pues mandata que se deben estudiar todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza en un desalojo.
El contenido del artículo relativo a los desalojos, apenas se había aprobado el 7 de mayo.
“Mantiene ciertas hipótesis ambiguas de tal manera que pareciera que el derecho humano a una vivienda adecuada colisiona con otros derechos humanos como el de propiedad, el de posesión y el de administración de justicia pronta y expedita.
“Si bien es cierto que se reconoce el enorme avance que dicho artículo contempla, para evitar abusos de cualquier tipo en las acciones de desalojos…, no menos cierto es que la forma en cómo está redactado no permite tener certeza jurídica respecto a quién es la autoridad competente”, explicó Saldaña.
Aseguró que existe consenso de los grupos parlamentarios para hacer los cambios, incluso de Morena.
La diputada expuso que dejar así la ley se prestaría a confusión en un juicio, dicho por los mismos jueces en observaciones hechas de manera directa.
“No deja claro quién es la autoridad competente para salvaguardar la integridad de las personas en situación de desalojo.
“Y, por otro lado, deja en un grado de indefensión y compromiso muy fuerte al gobierno de la ciudad, porque los derechos son progresivos, pero tienen un piso de inicio y un límite”, acotó.
La panista advirtió que el Congreso está a buen tiempo de abrir un debate sobre este artículo, de la mano con jueces, abogados y magistrados.
RECUPERAN INMUEBLE
En sus acciones para recuperar inmuebles, la Procuraduría General de Justicia armó un operativo en el número 45 de Madero, en el Centro.
El edificio fue quitado ilegalmente a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
El 12 de marzo de este año, un grupo de aproximadamente 80 personas desalojaron a los arrendatarios del inmueble con lujo de violencia.
Los agraviados acreditaron debidamente la propiedad del edificio, toda vez que el bien fue adjudicado por sucesión testamentaria a la víctima.
