En una decisión histórica para el medio ambiente y la identidad de los pueblos originarios, la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso del Estado de México aprobó reformas clave para incluir la figura de ‘Patrimonio Natural y Biocultural’ en la legislación estatal.
La iniciativa, impulsada por la diputada Susana Estrada Rojas (Morena) y el Grupo Parlamentario del PVEM, busca fortalecer la protección legal de los ecosistemas, paisajes, especies, saberes tradicionales y prácticas culturales que integran el tejido ecológico y social de la entidad.
Con esta reforma al Código para la Biodiversidad del Estado de México, se ampliará el catálogo de espacios naturales protegidos, actualmente compuesto por 97 áreas que abarcan más de 987 mil hectáreas, muchas de las cuales carecían de reconocimiento jurídico pleno. Al otorgarles la categoría de patrimonio natural y biocultural, se establece un marco legal que fomenta su conservación, uso sostenible y restauración, con enfoque en la justicia ambiental, equidad intergeneracional y el cumplimiento de tratados internacionales.
Durante la sesión, presidida por el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), se destacó la colaboración entre bancadas, particularmente con la diputada Susana Estrada, para consolidar un dictamen que armoniza la legislación local con leyes federales, garantizando un enfoque integral de conservación.
La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (Morena) celebró que esta reforma coloque al patrimonio natural y biocultural en el centro de una visión de desarrollo sustentable, al reconocer el valor del conocimiento ancestral y las prácticas tradicionales de los pueblos originarios. Por su parte, la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza subrayó la necesidad de garantizar certeza jurídica en la protección del medio ambiente, destacando el caso específico de Nezahualcóyotl y agradeciendo la inclusión de sus propuestas en el dictamen final.
Asimismo, la reforma contempla sanciones severas para quienes incurran en la destrucción, alteración o uso ilegal del patrimonio reconocido. Entre las medidas figuran multas, clausuras, arrestos administrativos, y la revocación de permisos. Además, las Secretarías del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Cultura y Turismo, y los ayuntamientos, estarán obligados a fomentar la gestión comunitaria del patrimonio, así como la transmisión intergeneracional de los saberes ligados a su conservación.
Este avance legislativo refuerza el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y marca un precedente nacional en materia de protección ambiental con enfoque biocultural, al reconocer que los pueblos y su entorno natural forman una unidad inseparable que debe ser preservada para las futuras generaciones