Ciudad de México.- La Comisión de Justicia, que preside Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó 13 dictámenes. El primero busca reformar y adicionar los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de considerar a la extorsión como delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
Además se incrementa de tres a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa la pena al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.
En el documento se sostiene que el delito de extorsión es de los de mayor impacto social y el que más aumentó en los últimos años. Estadísticamente es el segundo con mayor incidencia, sólo por abajo del robo en el transporte público y asalto.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SESNSP) refiere que, hasta mayo de 2017, los casos de extorsión aumentaron en 19 de las 32 entidades federativas principalmente en las siguientes:
Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Estado de México, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua; Durango, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán.
Se aprobó el dictamen que reforma los artículos 9, 91, 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que las personas privadas de la libertad tengan acceso a seguros, prestaciones y servicios de seguridad social por el trabajo desarrollado en centros penitenciarios.
En el documento, se advierte que los esquemas jornaleros prevalecientes en los centros de reinserción social no ofrecen las mínimas prestaciones de ley y de seguridad social a las personas privadas de la libertad, lo que ha ocasionado que la familia de las y los internos subsidie su estadía, apoyándoles con comida, ropa y medicinas.
Los integrantes de la Comisión también avalaron reformar el artículo 211Bis 1 del Código Penal Federal con el propósito de aumentar la penalidad en los casos de modificación o destrucción que deriven en pérdida de información, así como copia de la misma, contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sin autorización.
Este dictamen sostiene que a quien cometa el ilícito se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días multa, con la intención de desincentivar la recurrencia de estas actividades.
Se aprobó un dictamen que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, con el propósito de eliminar la disposición que establece que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio, hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior.
El texto de esta modificación establece que es importante buscar la derogación de este y de cualquier otro artículo que sea discriminatorio, pues la sola existencia de estas disposiciones en legislaciones vigentes perpetúan estereotipos de género y refuerzan la creencia de la inferioridad de la mujer sobre el hombre que tanto se ha buscado combatir.
También se avaló un dictamen que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a fin de precisar que si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el nombre de la entidad federativa, así como del municipio o alcaldía, donde este hubiera tenido lugar.
La modificación tiene como finalidad evitar cualquier tipo de discriminación, además de generar sentido de pertenencia y arraigo con la entidad federativa donde se nace, porque posiblemente sea la misma donde desarrolle su vida a corto, mediano o largo plazo, pues al asentarse una entidad federativa diferente generará preguntas, las cuales llevarán a terceros a indagar sobre las circunstancias del nacimiento.
Además, aprobó un dictamen de opinión que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal Federal; y de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de pensiones alimenticias.
Esta reforma normativa busca garantizar el derecho alimentario y armonizar los ordenamientos jurídicos para facilitar su cumplimiento, a fin de crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de identificar a deudores y acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resolución judicial y brindar servicios de información al público.
Igualmente se aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías generales de los estados y a las procuradurías generales, a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y garantizar su indagación.
El exhorto busca que se garantice la libertad de expresión, el cual es un derecho y que las autoridades, creen y apliquen protocolos de actuación en la materia.
Se enfatiza que durante los últimos dos años México se ha mantenido en la posición 147 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Es decir, se encuentra entre los países con más riesgos reales para la ejecución de las labores de información.
Asimismo, aprobaron un punto de acuerdo por el que se pide a los congresos locales que aún no lo han hecho, armonizar su legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo relativo a la emisión de la Constancia de Antecedentes Penales.
Manifiesta la necesidad de que los congresos locales reconozcan y actúen de manera proactiva sobre la importancia de establecer condiciones propicias para que las y los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a un trabajo formal y digno, sin que se les discrimine o violenten sus derechos humanos, después de haber cumplido una pena privativa de la libertad y llevado a cabo un proceso de reinserción social.
Se aprobó exhortar al Poder Judicial Federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a resolver los procesos penales de consigna y el desbloqueo de cuentas bancarias que se instruyen contra los profesores de la sección XXII-SNTE-CNTE.
Avalaron un punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Samir Flores Soberanes, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala; asimismo, solicita a la Fiscalía General de la República a que atraiga el caso y realice las investigaciones correspondientes.
Finalmente, la comisión aprobó la minuta que modifica y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición de matrimonio infantil y avaló reformas a los códigos Penal Federal y el Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Víctimas.
