La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, afirmó que los casos de mujeres asesinadas o desaparecidas no son hechos aislados, sino una violencia estructural en todas las entidades, por lo que es una situación que debe considerarse emergencia nacional.
Al iniciar la mesa de trabajo “Alerta de Violencia de Género” se pronunció por robustecer las leyes que dan cauce a este mecanismo de protección, sin ignorar sus dos líneas de trabajo: las acciones puntuales ante la emergencia y los resultados valorados hacia políticas públicas efectivas y permanentes.
“El espíritu de la alerta por violencia de género contra las mujeres obliga a las autoridades a mayores ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y procuración de justicia; tanto para las 18 entidades alertadas y los 411 municipios”.
Precisó que el objetivo de la mesa es analizar diversas iniciativas en favor de las mujeres, así como conocer las experiencias de los municipios y entidades que están alertados y saber qué tan efectivas han sido.
“Apelamos a una forma distinta de hacer política en esta legislatura, en donde la unanimidad a favor de las mujeres ha visto frutos y creemos que en esta ocasión podemos repetir este éxito”.
Sabemos que saldremos con un dictamen viable para la implantación efectiva de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, agregó.
Resaltó que se busca garantizar que las mujeres, las adolescentes y las niñas mexicanas ejerzan sus derechos y vivan libres de violencia; por ello, es urgente atender este tema.
La comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, señaló que esta instancia tiene como objetivo crear contralorías de las alertas de género, ya que hoy existen 411 municios en 18 estados donde se han activado.
Indicó que con estas contralorías se busca que los informes que entregan los estados deben definir las acciones concretas para atender las alertas de género. “En la actualidad tienen una fecha de inicio, pero no de término, no cuentan con indicadores o medidas de impacto”.
En este sentido, sugirió a las legisladoras crear una comisión interinstitucional, donde participe el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y las fiscalías, con el objetivo de dar un mayor seguimiento e impacto a las alertas. “He declarado que no queremos más alertas, sino medidas de prevención para evitar la violencia contra las mujeres”.
Consideró que las alertas han sido muy importantes para reconocer las violencias; sin embargo, existe poca efectividad pues no hay medición de impacto de las acciones que se realizan en los estados y los municipios que no tienen sus planes de trabajo.
Añadió que estas mesas permitirán analizar lo que está pendiente de manera proactiva y específica a fin de cerrar la brecha contra la violencia y se abran caminos hacia la igualdad.
Apuntó que la ley que se analiza debe definir que las y los presidentes municipales tendrán que hacerse responsables de las alertas de género y que cada fiscal en materia de feminicidios, las organizaciones civiles, el sistema estatal y los centros de justicia cierren filas para proteger a las mujeres.
“La ley no debe ser una simulación, sino una política efectiva en contra de la violencia, en contra de las mujeres”.
Anunció que el próximo año la Conavim no financiará programas sin ton ni son. Sólo se promoverán cinco líneas de apoyo a las alertas, una de ellas tendrá que ver con la investigación y procuración de justicia en las fiscalías e incluirá a los municipios con el objetivo de evitar la desviación de recursos.
Además, dijo que los apoyos serán de forma corresponsable, “si el gobierno federal les destina diez millones, entonces, los estados tendrán que aportar la misma cantidad, pues el recurso federal y la igualdad de género no sólo es responsabilidad del Ejecutivo, sino de todos los órdenes de gobierno”.
Nayeli Sánchez, coordinadora de la iniciativa “Spotlight” en ONU Mujeres México, dijo que el feminicidio contra las niñas ha ido creciendo de manera alarmante, por lo que hizo un llamado a revisar el mecanismo de alerta de género y que tenga en el centro de su atención a la niñez.
“Es importante y grave decir que en el caso de México necesitamos hacer fuertes reflexiones, porque mucho se ha hecho ya en el país por atender los temas de feminicidio, pero la efectividad de las acciones que hemos logrado tener de manera conjunta, no ha sido la que hemos querido ni esperado”, señaló.
El mecanismo de alerta de género es evaluado como una buena práctica, pero esta no se puede emitir hasta el “infinito”; tiene que ser oportuna.
La investigadora mencionó la necesidad de elaborar un análisis profundo con los aportes positivos que ha arrojado este mecanismo de alerta principalmente en los estados y municipios.
Dijo que el país es parte de la iniciativa “Spotlight”, la cual busca prevenir y eliminar los feminicidios; que las mujeres y niñas que sean víctimas reciban mejor atención y apoyo. “En México se tiene que hacer reflexiones para atender el tema de feminicidio, porque poco se ha logrado”.
Esta iniciativa fue creada por la Unión Europea con una aportación de 400 millones de euros; por su parte el continente americano sólo cuenta con seis países integrantes, uno de ellos México.
Rocío del Pilar Villarauz Martínez, diputada de Morena, precisó que esta reunión tiene el objetivo de recolectar y sistematizar el conocimiento específico sobre las alertas de género y las modificaciones conducentes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Se trata de construir un dictamen estructurado sobre el mecanismo de alertas de género, para que las modificaciones sean aprobadas y generen resultados por la vida y seguridad de todas las mujeres”, afirmó.
En la reunión, se dio cuenta de un documento de la Comisión de Igualdad de Género que prevé incluir en un sólo dictamen cinco iniciativas: dos de diputadas del PRI, una del PAN, una de Morena y una de esta instancia legislativa. Los artículos que se busca reformar y adicionar son: 4, 5, 6, 21, 22 y 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entre los temas a incluir en el documento destacan: igualdad sustantiva, perspectiva de género y la debida diligencia; definir el agravio comparado; precisar los tipos de violencia, entre ellos, la obstétrica y la política; separar a la modalidad de feminicidio de la descripción de alerta de género, para que sea un mecanismo de defensa de todas las modalidades de violencia.
También, concretar las facultades de los comités de expertas en derechos humanos, justicia, perspectiva de género y antropología, así como uno de seguimiento. Precisar la coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales, según sus facultades y atribuciones, y señalar los procedimientos para la solicitud y resolución de la alerta de género.
Se dan facultades a Conavim e Inmujeres para que, por oficio, al momento de enterarse de un contexto de violencia extrema a mujeres soliciten el proceso de declaración, a través del comité de expertas; Segob otorgará las facilidades y recursos para el funcionamiento y vigilará que el mecanismo funcione conforme a la ley y castigar la violencia estructural contra las mujeres.
De igual modo, se contempla que las solicitudes sean respondidas en 45 días naturales; las alertas estructurales y las de agravio comparado se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, los periódicos y gacetas oficiales estatales, así como en los medios impresos de las entidades federativas y municipios.
Los estados remitirán informes trimestrales de los avances de las alertas y de las recomendaciones que en esta materia emita Segob; el levantamiento de una alerta será por medio de la Secretaría de Gobernación y conforme a los avances que demuestren las entidades.
