- Los centros penitenciarios tendrán capacidad conjunta para 18 mil 480 personas y serán administrados por autoridades federales o estatales. El Gobierno aún no define públicamente su ubicación exacta, presupuesto ni fechas de construcción.
Ciudad de México.— Seis nuevos centros penitenciarios serán construidos en México, uno de ellos en el Estado de México, con una capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de las acciones para fortalecer el sistema penitenciario nacional.
Las instalaciones estarán ubicadas en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, y operarán bajo un nuevo modelo que contempla mayores medidas de seguridad, respeto a los derechos humanos y acceso a programas de educación y trabajo para las personas privadas de la libertad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los establecimientos serán administrados directamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o por las secretarías de Seguridad de las entidades federativas.
A diferencia de esquemas anteriores, los nuevos centros no serán operados por empresas privadas, aseguró la presidenta.
Estado de México tendrá un nuevo centro penitenciario
El anuncio contempla la construcción de una instalación penitenciaria en territorio mexiquense, aunque hasta el momento no se ha informado en qué municipio estará ubicada.
Tampoco se precisó cuántos espacios tendrá ese centro, qué tipo de población penitenciaria albergará ni si su operación corresponderá al Gobierno federal o al estatal.
Estos aspectos serán relevantes para determinar el impacto del proyecto en la entidad, tanto en materia de seguridad como de infraestructura, servicios públicos y necesidades de personal.
La construcción del centro también implicará definir mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes.
Financiamiento de las cárceles sigue en análisis
Sheinbaum informó que el Gobierno federal trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer el financiamiento de los seis proyectos.
La presidenta descartó que las nuevas instalaciones sean administradas por particulares.
El modelo anunciado busca combinar medidas de seguridad penitenciaria con oportunidades de reinserción social mediante actividades laborales y educativas.
Sin embargo, todavía no se han dado a conocer los montos de inversión, los terrenos seleccionados, los calendarios de obra ni la distribución de los 18 mil 480 espacios entre los seis estados.
Refuerzan vigilancia en penales federales
El anuncio se produce en medio de las acciones del Gobierno federal para fortalecer la seguridad y el control de los centros penitenciarios.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad, así como 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios.
Durante estas acciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 306 mil objetos y sustancias ilícitas.
Además, el funcionario señaló que los códigos de emergencia penitenciaria disminuyeron 35% respecto al periodo anterior.
Como parte del fortalecimiento institucional, se incorporaron mil 192 elementos al Sistema Penitenciario Federal y se creó la Unidad de Reacción Penitenciaria, destinada a atender situaciones de riesgo.
Pendiente, conocer dónde se construirán las instalaciones
La creación de seis nuevos centros penitenciarios plantea interrogantes sobre su ubicación, capacidad individual, costo y funcionamiento.
En el caso del Estado de México, será necesario conocer qué municipio albergará la instalación, qué infraestructura requerirá y cuáles serán las responsabilidades de las autoridades involucradas.
Por ahora, el proyecto permanece en etapa de anuncio y definición financiera, sin que se hayan detallado públicamente las fechas de inicio y conclusión de las obras.
La construcción de los centros representará una ampliación de la infraestructura penitenciaria del país, aunque sus efectos sobre la seguridad y la reinserción social dependerán de las condiciones de operación y de los recursos asignados.