Por Teófilo Benítez Granados, Rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC).
Dentro de la educación política y social de los aztecas, la educación se encontraba bajo el control de la autoridad estatal a través del Tapulcalli y el Calmecac. Ahí se impartían educación a los jóvenes e infantes, respectivamente. Ambos se concentraban en la clase media y a los mancebos de la clase acomodada de la sociedad. Se trataba de una educación clasista, donde se excluía a los matzehuales, que conformaban la clase del pueblo.
Posteriormente, en la época colonial, la educación estuvo bajo el control eclesiástico y estatal, proscribiéndose toda liberad de enseñanza. Esencialmente se difundían las doctrinas católicas que eran la base de la unidad política del Estado español.
Durante los primeros años del México independiente, fácticamente la educación se encontraba monopolizada por la Iglesia.
En la prereforma liberal de 1833, a cargo de Valentín Gómez Farías, se procuró ampliar la educación a través de la creación de la Dirección General de Instrucción Pública, el establecimiento de la enseñanza libre y la instauración de escuelas primarias y normales.
Asimismo, por considerarlo un reducto del pensamiento conservador, se clausuró la Real y Pontificia Universidad, reabriéndose y cerrándose eventualmente durante los años siguientes, según el gobierno liberal o conservador en turno. Lo mismo sucedió con otros colegios de estudios superiores, y en su lugar se organizaron escuelas de estudios preparatorios y otros de carácter profesional.
En la Constitución liberal de 1857, se consignó la libertad de enseñanza. En 1867 el Presidente Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que instituyó la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria, pero cuya vigencia se limitó al Distrito Federal, pues el Congreso de la Unión carecía de facultades federales en la materia.
En 1905, el presidente Díaz creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a la cual se le encomendó la instrucción pública en el Distrito y Territorios Federales.
De ahí saltamos hacia el proyecto del artículo tercero constitucional presentado por Venustiano Carranza al Congreso, donde se preveía la plena libertad de enseñanzas, el laicismo y la gratuidad para que se impartiera en establecimientos oficiales.
Luego, fue hasta 1921, con la iniciativa de José Vasconcelos y el apoyo de Álvaro Obregón, que la educación pública recibió en México un buen impulso y se logró la federalización de la enseñanza. En ese año se reformó la fracción XXVII del artículo 73 constitucional para dotar al Congreso de la Unión de Nuevas Facultades en materia educativa, además de que se hizo posible, el 5 de septiembre de 1921, crear la Secretaría de Educación Pública.
En tiempos recientes se realizó una nueva reforma educativa que pretende, a través de los poderes de la unión, dar un impulso a la educación mediante la participación de docentes profesionales, para lo cual habría que plantearnos qué sucede ahora con la educación básica.
La reforma educativa podría ser una solución a nuestra problemática, a partir de que tenemos un modelo burocrático y arcaico, con un frívolo formalismo en sus procesos y trámites, aunado a la despersonalización en las relaciones, con decisiones jerarquizadas y unilaterales, además de la rigidez en rutinas y procedimientos.
Hoy debemos pasar a un modelo emergente, en el que se reconozca que no nos encontramos frente a problemas nuevos, sino ante distintas lógicas de abordaje y de solución. Así, educar se vuelve un reto continuo e incesante que podría buscar alternativas desde las escuelas como microespacios del sistema.