Durante el “Foro entre legisladores en materia hacendaria: reforma de las haciendas públicas”, diputados de diversas fracciones parlamentarias destacaron la necesidad de fortalecer e impulsar la fiscalización de recursos públicos, consolidar el sistema nacional anticorrupción y crear mecanismos de transparencia accesibles.
En la mesa “Fiscalización y rendición de cuentas”, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), destacó la necesidad de que la Comisión dictamine y participe con la de Presupuesto y Cuenta Pública en la elaboración del gasto público y propuso reducir los tiempos de revisión de la Cuenta Pública, para estar en mejor posibilidad de emitir señalamientos y ejecución de acciones de las autoridades.
Planteó impulsar modificaciones a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, porque hay boquetes que permiten los niveles que hoy nos alarman, toda vez que la ley contempla triangulaciones y es necesario generar candados.
Se pronunció por fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción con mejores herramientas desde los congresos locales y el federal, así como dotar de más instrumentos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control y contralorías ciudadanas.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez (PT), subrayó la importancia de crear mecanismos de transparencia a los que cualquier persona pueda acceder; sólo con transparencia total “acorralaremos a la corrupción, y las finanzas jugarán el papel que les corresponde en la sociedad”, enfatizó.
Señaló que es necesario garantizar el derecho a la información sobre los ingresos y el gasto de los recursos públicos, así como aportaciones y participaciones a los estados.
Añadió que la fiscalización, rendición de cuentas y el acceso a la información deben limitar y evitar errores y abusos de los servidores públicos sobre esos recursos, lo que detendrá la evasión de impuestos, corrupción y lavado de dinero, además de que hará más eficiente la recaudación.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) señaló que es necesario impulsar, en el siguiente periodo de sesiones, reformas constitucionales y legales para contar con una Ley General de Fiscalización que establezca principios y criterios que homologuen la función fiscalizadora en los estados que fortalezca la rendición de cuentas y abonar en la lucha contra la corrupción.
Explicó que en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se creó la subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales, a fin de diagnosticar el funcionamiento de los órganos de fiscalización superior de los estados, donde hay diversidad de criterios, normativas, plazos y tipos de auditorías, para valorar la pertinencia de un ordenamiento que homologue criterios, mejores prácticas que fortalezcan la independencia y autonomía de la fiscalización local.
Agregó que del presupuesto federal, de más de cinco billones de pesos, se destinan grandes rubros al pago de deuda pública, rescate bancario y la ineficiencia recaudatoria local. “Y es precisamente aquí donde la fiscalización y la rendición de cuentas toman gran relevancia”. Precisó que la sociedad debe saber qué se hace con los recursos públicos y cómo ayudan a resolver los problemas ante tanta desigualdad e infortunio social.
El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que es necesario establecer mecanismos adecuados para el uso correcto de los recursos públicos de estados y municipios, así como retomar los retos para fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas de las unidades responsables de gasto.
Reconoció que hay avances, “pero no de gran magnitud para reducir el penoso lugar que tiene México a nivel mundial, como uno de los países más corruptos, como lo refiere Transparencia Internacional”.
Se pronunció por impulsar políticas públicas en la materia a la altura de los requerimientos de la sociedad, que exige soluciones de gobiernos estatales y municipales, así como mayor transparencia en los recursos públicos que ejercen.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la junta de gobierno del Congreso del estado de Hidalgo, diputado Ricardo Raúl Baptista González, indicó que en esa legislatura se busca ejercer el control del presupuesto para evitar la corrupción y vigilar que la actividad económica y financiera de los entes que ejercen recursos públicos, se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Señaló que se impulsará una agenda para fortalecer el Sistema de Evaluación al Desempeño que evalúe el cumplimiento de objetivos debidamente construidos, lo que coadyuvará a que millones de pesos se ejerzan en beneficio de la población y se obligue a servidores públicos a esforzarse al logro de metas.
Dijo que se necesita construir un frente común, en todos los órdenes de gobierno, para examinar, vincular, articular y transparentar la gestión gubernamental y el uso de recursos públicos a fin de mejorar la rendición de cuentas en todo el país.
A su vez, Lourdes Morales Canales, de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la fiscalización requiere un sistema de alarmas que permita mejorar la función pública y evitar que se produzcan casos contrarios al derecho y dé las bases para investigaciones adecuadas.
Destacó la importancia de mejorar la información, la homologación de criterios y realizar auditorías significativas “que sean tiros de precisión” y coordinación con otras dependencias, como órganos de transparencia para establecer una política nacional anticorrupción.
Apuntó que los retos de la fiscalización tienen que ver con lograr criterios comunes para hacer una revisión sustantiva en la que el enfoque sea la mejora del resultado de las dependencias y el desempeño.
En su intervención, Marek Kubala, consejero Senior del Parlamento de Reino Unido, explicó el procedimiento que sigue aquel país para aprobar el gasto del gobierno y el escrutinio financiero que hace la Cámara de los Comunes.
Durante la Mesa “Ciclo Presupuestal y Presupuesto 2019”, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo (Morena), sostuvo que es primordial regular los gastos personales, toda vez que en algunos municipios más del 60 por ciento del total de su presupuesto son ejercidos para este ramo.
El legislador subrayó que es fundamental implantar un marco legal que permita a los municipios fortalecer esta práctica del pago de gastos personales, pero que tengan límite, ya que existen casos que la inversión pública oscila en 12 por ciento.
Mencionó que el marco legal en disciplina financiera dio un marco legal que acotó en endeudamiento público de las entidades y municipios, el cual llegó a marcar un punto rojo en sus finanzas, donde se veían prácticas poco controladas y una merma en las finanzas, por lo que es viable que se normen los gastos personales.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Fernando Galindo Favela (PRI) apuntó que cuando se revisan los niveles de endeudamiento de los estados y municipios en proporción del Producto Interno Bruto, se está hablando del 2.2 por ciento, por lo que esta práctica no debe ser satanizada, porque es un instrumento que tienen todos los gobiernos para financiar proyectos de largo plazo.
Precisó que el trabajo del Legislativo está enfocado para que el endeudamiento de los estados y de la Federación se destine a financiar proyectos de largo plazo.
Expuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, de los 5.8 billones de pesos, casi 800 mil millones de pesos son destinados para pagar el costo financiero de la deuda, 112 mil millones para los organismos autónomos, 900 mil millones para pensiones, 1.7 billones de pesos se destina a participaciones y aportaciones federales.
Ante este panorama, expresó, es difícil hacer una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, salvo que haya una reforma hacendaria que incremente la cobija y que ninguna entidad tenga disminuciones presupuestales, toda vez que sólo 1.1 billón de pesos; es decir, una quinta parte del presupuesto total, se puede disponer para los programas que se definen.
La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), indicó que este foro tiene el objetivo de generar mecanismos que ayuden a la transparencia, la rendición de cuentas, evitar la corrupción y gastos excesivos.
“La política de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 determinó como directriz la austeridad republicana para incidir en la reducción de la carga fiscal asociada a los servicios personales”.
Destacó que si bien la Ley de Disciplina Financiera acota el endeudamiento, hay una fuga en el Capítulo 1000 y todos los congresos locales tienen un área de oportunidad para evitar que el presupuesto se destine a los gastos personales y no a la inversión pública, como debe ser.
El diputado local, Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Guerrero, afirmó que la ley orgánica municipal es obsoleta y ambigua, lo cual no permite que exista una adecuada ejecución del presupuesto.
David Fonseca, enlace del gobierno de Nuevo León, resaltó que es necesario una nueva Ley de Coordinación Fiscal que incluya a los tres niveles de gobierno, a fin de que la distribución del gasto sea equitativa.
“Nuevo León en estos últimos tres años ha buscado incrementar la recaudación local, a través del impuesto a la nómina; sin embargo de cada peso que se aporta a la Federación, sólo 29 centavos regresan a la entidad”.
Patricio Iván Vallespín López, exdiputado de Chile, planteó que el Congreso Federal tenga la capacidad de analizar los supuestos básicos macroeconómicos del presupuesto que presenta el Ejecutivo para conocer si es viable, responsable; de lo contario habrá déficit fiscal, lo cual afectaría principalmente a los pobres, porque obliga al Estado, endeudarse más allá de su capacidad de pago.
En la Mesa “Fortalecimiento de las Haciendas Públicas Federal y Locales”, el diputado Javier Salinas Narváez (Morena) comentó que se ha señalado y reflexionado que la recaudación tributaria en México es inferior a la potencial. “Se argumenta sobre la necesidad de ampliar la base de contribuyentes, revisar la carga de contribuyentes cautivos, la progresividad de las tasas impositivas y evaluar la eficiencia de los incentivos fiscales”.
Dijo que se deben establecer estímulos fiscales a las inversiones que se realicen en México; la capacitación y el empleo de jóvenes por la industria mediante créditos fiscales acreditables contra el impuesto a pagar; así como realizar los ajustes pertinentes a los convenios internacionales para inhibir la doble tributación e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta suscritos por México.
Su compañero de partido, el legislador Marco Antonio Medina Pérez manifestó que es importante el diálogo que se está desarrollando desde los ámbitos federal, estatal y municipal.
Indicó que la política fiscal es parte de lo que se tiene como país. “Si tenemos desigualdades sociales, económicas y una estructura inequitativa y desequilibrio regionales, se refleja en la estructura fiscal que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. No es un problema sólo de establecer instrumentos de política fiscal, sino de establecer instrumentos de política económica y de desarrollo”.
La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) señaló que el objetivo es seguir analizando la composición que tiene la Hacienda Pública, si aún está vigente un buen equilibrio en el federalismo o se tendría que hacer una revisión exhaustiva entre las facultades y obligaciones y los propios recursos financieros con los que cuenta el federalismo y su distribución.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) expuso que se ha confirmado por diversos organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de México, Inegi, las calificadoras, una baja del crecimiento establecido en el presupuesto aprobado el año pasado, “se calcula que finalmente será de alrededor de 1.56 esta proyección”.
“Por lo tanto el país no generará la riqueza suficiente para el gasto aprobado para este año 2019”, agregó.
Juvenal Lobato Díaz, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), resaltó que un país no va a funcionar si no hay un adecuado sistema de recaudación y de fiscalización.
Comentó que la institución que representa tiene como fin el lograr un verdadero federalismo hacendario, que debe ser uno de los pilares de nuestro modelo democrático. “No se puede pensar de otra manera el sistema democrático, si no se piensa en este federalismo hacendario bajo principios de igualdad, responsabilidad y transparencia”.
“Ante políticas federales que pareciera ser que intentan centralizar la gran parte del gasto, es fundamental que tanto los municipios, las entidades federativas y la Federación retomen ese diálogo que ya está contemplado en la Constitución”, agregó.
El investigador del Programa de Justicia Fiscal, de Fundar AC, Iván Benumea Gómez, dijo que se necesitan recursos para recaudar y garantizar derechos humanos, debido a que nuestro país es uno de los que menos recaudan.
“En México, en el ámbito mundial el uno por ciento de la población concentra alrededor de 40 pesos de cada 100 que existen en toda la economía nacional. La política tributaria debe enfocarse en corregir este problema; es decir, apuntar hacia donde está el dinero”.
En tanto, en la Mesa “El control en el ejercicio del presupuesto y su relación con el Sistema Nacional Anticorrupción”, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), destacó que es fundamental que los recursos públicos dejen de utilizarse al capricho de quien ostenta el poder en turno y, en consecuencia, se consolide un sistema auténtico de rendición de cuentas.
Dijo que una tarea de la Cámara de Diputados es regular el uso del presupuesto adicional; es decir, los excedentes. Además, se requiere una rendición de cuentas más amplia y un órgano que vigile el desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reiteró que otro aspecto que tendrá que atender el Congreso es robustecer los mecanismos de control presupuestario, que evite la discrecionalidad de gastos y promueva la rendición de cuentas.
Recordó que con la ley de fiscalización vigente a partir de la reforma del 2015, la Auditoría Superior de la Federación ya puede fiscalizar de manera directa las participaciones federales, lo cual ha incentivado la transparencia.
En los trabajos de la Mesa “Presupuestos públicos con perspectiva de género”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), dijo que se debe avanzar hacia un presupuesto que tenga como eje la perspectiva de género, a fin de traducir en accesibilidad los derechos humanos de las mujeres y evitar su discriminación.
Enfatizó que es necesario fortalecer la gobernabilidad de las entidades con el objetivo de orientar el gasto público a la atención integral de la necesidad de bienes y servicios públicos de las personas de acuerdo con su edad, sexo, pertenencia étnica y contribuir a la rendición de cuentas al desagregar la información presupuestal.
Resaltó que para impulsar la igualdad de género, la no exclusión, acciones contra la violencia, la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en la vida política y pública, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, empoderamiento económico y economía social y programas sociales, a través de la administración pública debe haber progresividad para cerrar las brechas de desigualdad.
Explicó que si bien existe un incremento de presupuesto en materia de perspectiva de género, es porque se encuentran cinco de los programas prioritarios para el Poder Ejecutivo: de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Microcréditos para el Bienestar, de la Beca Universal para estudiantes de educación media superior, de Mejoramiento Urbano y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Por su parte, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que el presupuesto con enfoque de género es una acción afirmativa, que permite terminar con las brechas de desigualdad y erradica la violencia contra las mujeres.
Por lo que, subrayó, es necesario dotar de viabilidad financiera a la política nacional y generar indicadores para evaluar que el gasto en materia de inclusión sea ejecutado con responsabilidad, que los programas que abonen a la igualdad tengan continuidad; es decir, que no estén supeditados al cambio de gobierno.
Añadió que debe supervisarse la ejecución del gasto, porque de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación en 2017, de los 110 programas que integraron la política de igualdad de género, 15 tenían una vinculación para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Al clausurar el foro, el presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, Leopoldo Domínguez González, enfatizó que, sin duda, la columna vertebral o el eje rector es el establecer como país una nueva política pública en materia fiscal y hacendaria.
Domínguez González, también presidente del Congreso de Nayarit, reconoció el esfuerzo y la decisión de la Cámara de Diputados de abrir el debate, compartir la discusión y, sobre todo, junto con la sociedad y los gobiernos de todas las instancias, atender uno de los grandes reclamos que hoy hace la mayoría de las mexicanas y mexicanos sobre sus políticos y gobiernos y “la impostergable necesidad de garantizarles que vivan mejor”.
Consideró que este segundo foro en materia hacendaria convocará a una gran convención nacional en donde se puedan definir muchos de los temas planteados como reclamos, interrogantes, sugerencias, recomendaciones de las leyes de Coordinación Fiscal, de Disciplina Financiera y la General de Contabilidad Gubernamental.
