El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, aseguró que el costo que genera la corrupción es “altísimo” porque va desde el ámbito social hasta el económico; para lograr que esta práctica se erradique, es necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de impartición de justicia, a fin de que el binomio corrupción-impunidad no sea un tema cotidiano en México.
Resaltó que la corrupción se encuentra en todos los niveles sociales y aunque es concebida como una práctica exclusiva del ámbito público, la realidad es que las causas, sobre todo, los efectos negativos alcanzan todos los sectores de la sociedad.
Al inaugurar el foro “Lucha anticorrupción: La experiencia internacional”, organizado por la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, Romo García destacó que el índice anual 2017, de Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 135 de 180 en materia de corrupción.
Este es un “dato alarmante”, advirtió, por eso la reacción, al menos en el marco legal ha sido, si no pronta, la adecuada; una reacción que falta por consolidar pero que al menos “pone el pie de casa para empezar a construir la eliminación de este mal”.
Dijo que a pesar de que los esfuerzos que se realizan desde los ámbitos gubernamentales y desde la sociedad cada vez son más amplios, hasta ahora han sido insuficientes.
El Poder Legislativo ha estado comprometido con realizar adecuaciones legales y complementar el marco legal, a fin de que cada vez sea más eficiente el combate a la corrupción. Muestra de esto, fue la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual creó el andamiaje nacional y la coordinación entre los niveles de gobierno y la sociedad para combatirla.
Asimismo, “creamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para determinar sanciones tanto a servidores públicos como a particulares que realicen actos de corrupción; también dotamos al país de una Ley Orgánica de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para poder tener magistrados especializados con mayor autonomía en el establecimiento de sanciones graves por parte de los servidores públicos que comentan actos de corrupción”.
Por su parte, señaló que la nueva Ley Federal de Transparencia, con su adecuación y su reforma, incrementó de 200 a más de 800 los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información. Así también, la Ley de Mejora Regulatoria tendrá resultados contundentes en el combate a la corrupción porque va a eliminar la burocratización que hay en muchos procesos administrativos.
De la misma manera, apuntó, esta legislatura logró contra todo pronóstico y ante circunstancias adversas, cumplir con la obligación constitucional de designar al Auditor Superior de la Federación en un acto que dio muestra del compromiso que tuvieron los grupos parlamentarios y donde cada legislador demostró su voluntad política, anteponiendo cualquier interés partidista y electoral.
Aseguró que si bien aún quedan áreas de oportunidad, así como temas pendientes en las comisiones, hoy existen herramientas legales suficientes para que nuestro país cuente con el marco normativo que dé origen al combate a la corrupción pero, especialmente, a sancionarla y evitar la impunidad.
El legislador sostuvo que la ciudadanía no sólo se ha interesado por realizar acciones encaminadas a evitar la corrupción, sino también ha generado mecanismos de gobernanza en donde juntos, sociedad civil y gobierno, deben trabajar de la mano para combatirla, para sancionarla y para evitar la impunidad de los hechos o de las acciones que dañan a nuestra nación.
Por ello, aseguró que el foro será relevante para conocer las experiencias que en lo internacional han logrado combatir la corrupción, evaluar lo logrado e intensificar el esfuerzo, incorporando lo valioso que estas prácticas nos aporten. Particularmente, a los ponentes, considerando que sus intervenciones serán un importante insumo para continuar adelante en contra de este flagelo de la sociedad.
“Este intercambio de experiencias, sin duda, va a traer muy buenos resultados y muy buenas conclusiones para poder aplicarlas también en México”, agregó.
La diputada Claudia Corichi García, presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, señaló que el país pierde por casos de corrupción entre el cinco y diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 900 mil millones de pesos anuales.
Durante el Foro “Lucha Anticorrupción: la Experiencia Internacional”, la legisladora subrayó que México se ubica en el “vergonzoso lugar” 135 de 180 en el índice 2017 de Transparencia Internacional; además, una de cada dos personas ha afirmado haber pagado en el último año un soborno a funcionarios públicos y seis de cada diez considera que la corrupción sigue en aumento.
Añadió que en el último informe Global de la Impunidad, 2017, coloca a nuestra nación en el cuarto lugar mundial de delitos no denunciados, al aumentar un punto porcentual en los últimos dos años, y pasar de un 92 a un 93 por ciento; “de ahí la urgencia de implementar acciones para combatir la corrupción y la impunidad”.
“Es alarmante que de cien delitos apenas seis son denunciados en el país, y de aquellos sólo el tres por ciento culmina en una sentencia”.
En tanto, refirió que se localiza en el lugar 66 entre 69 países sólo por delante de Filipinas y Camerún, en la confianza a sus instituciones de seguridad, justicia, motivo por el cual más que nunca es necesario escuchar las experiencias internacionales para poder plantearnos qué hacer a futuro.
Enfatizó que la corrupción se ha convertido en un tema de interés público; muestra de ello es que en la última década los esfuerzos internacionales de cooperación en materia de lucha contra ello se han enfocado en el diseño de diversos marcos jurídicos globales como las convenciones interamericanas contra la corrupción, para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros.
De igual manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, instrumentos que si bien son referentes en este combate han sido insuficientes para detener varios escándalos.
“Ante esto no puedo omitir el agravio que violenta lo más profundo de los derechos humanos en nuestro país, como los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, la Casa Blanca, entre otros, que dejan claro que somos el país en el que no ha pasado nada”.
Corichi García destacó que el gobierno entrante tiene un gran reto, no sólo para combatir la corrupción y la impunidad, pues apelar a la austeridad no es el único camino para combatirla, también es necesario castigar estos delitos de manera ejemplar.
Solicitó a los próximos diputados continuar el análisis de iniciativas que plantean prohibir los seguros de gastos médicos y de vida de los altos funcionarios y reformar el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones para evitar que haya laxitud que permita dar condiciones a la corrupción e impunidad.
Finalmente, dijo que las propuestas vertidas en este foro contribuirán al diseño de mejores políticas públicas para combatir el “terrible binomio impunidad y corrupción, el cual se presenta particularmente en el sector público”.
