Un grupo de cerca de 35 extrabajadores del Senado, que entraron por recomendación del expresidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, se organizaron para exigir al Senado que les pague una liquidación, que implicará un promedio de 321 mil pesos por cada uno, que representarán una erogación no prevista de la institución de casi 11 millones de pesos.
Los extrabajadores, quienes fueron dados de baja a partir del pasado 15 de septiembre, argumentan que, al haber ocupado una plaza de estructura en el Senado, tienen derecho a una liquidación, aunque algunos de ellos no cumplieron el año de laborar en la institución.
Entre quienes buscan esa liquidación están Federico Anaya, quien fuera el consejero jurídico de Martí Batres en el Senado, así como Omar Butrón, el subcontralor que aseguró haber cursado la licenciatura en un año y ser pasante de maestría sólo un mes después.
Desde el 15 de septiembre, 86 trabajadores del Senado, entre ellos los 66 que llegaron por recomendación directa del senador Martí Batres, causaron baja en la institución, por lo que fueron notificados; de ese total, sólo un grupo de quienes ocuparon puestos de estructura han decidido unirse para exigir que el Senado les entregue una liquidación o los reinstale en sus puestos, porque, desde su perspectiva, no existe ningún motivo laboral que justifique su salida.
Este grupo de extrabajadores ya hizo el planteamiento oficial a las autoridades de la Mesa Directiva, para que se les entregue el dinero al que dicen tienen derecho.
De acuerdo con información obtenida por Excélsior entre las autoridades del Senado, en este grupo de cerca de 35 personas que buscan la liquidación están todos los que trabajaron en la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa, que encabezó Federico Anaya Gallardo; con él están Olivia Rubio, Claudia Mendiola, Joel García López, Elisa Álvarez Hernández, Juan Carlos Gómez Nájera, Roberto Euclides Hernández González, Yolanda Pérez Santillán, Frida González Jordán, Omar Monroy Rodríguez y Liliana Martínez Calderón.
El 17 de junio pasado, Excélsior informó que entre este grupo de trabajadores del Senado existen personas que carecen del título profesional para ser asesores parlamentarios y, salvo Olivia Rubio, ninguno tiene experiencia en ese tema.
En esa ocasión, este diario mencionó que Joel Aniceto García López, pasante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, fue director de Bienes, Servicios y Archivo de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación SAE, donde también fue coordinador de Servicios Generales y Archivo. En el Senado ganó 89 mil 717 pesos brutos mensuales, que se traducen en 64 mil 909 pesos brutos netos, después de impuestos.
Y Juan Carlos Gómez Nájera, pasante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, fue auxiliar administrativo y maestro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México; en el Senado ganaba 61 mil 446 pesos brutos mensuales, que menos impuestos se convierten en 45 mil 456 pesos netos al mes.
