La propuesta del PRI y PVEM para que se lleve a cabo una consulta popular sobre el modelo actual de seguridad pública en México, fue severamente cuestionada por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Alejandro Ojeda Anguiano, por considerar que tiene claros tintes electorales y es contradictorio a los principios esenciales del Derecho Constitucional, en lugar de responder a una verdadera inquietud ciudadana.
Ambos legisladores federales de Morena votaron en abstención el dictamen por el que se decretó la procedencia de la petición de dicha consulta popular, el cual fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación durante la Décimo Segunda Reunión Ordinaria de esa instancia, que se llevó a cabo este martes.
En su oportunidad, Falcón Venegas criticó que el PRI y PVEM presentaron el Punto de Acuerdo al respecto sólo con miras a asuntos electorales. “Me parece que no es el momento. Plantearlo en una elección tan complicada como la del 2018 no es un momento propicio, podría antes”.
Además, reclamó, el juicio que se emite en el documento en contra de los policías municipales es ofensivo y discriminatorio, ya que su capacitación depende directamente de sus propios recursos, mismos que no son los adecuados para sus necesidades.
Ante ello, llamó a consultar públicamente también a los cuerpos policiales sobre sus equipos y coordinaciones, en especial si responden a un gobierno de oposición. “Tal pareciera que se les quiere poner el pie para que no avancen en estos casos”, sostuvo.
Sandra Luz Falcón recordó que previo a las obras iniciales del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se hizo una consulta ciudadana y que ésta rechazó la mega obra, por lo que recriminó a los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados la propuesta en materia de seguridad pública.
La legisladora federal por el Estado de México opinó que la consulta popular sobre el modelo actual de seguridad pública carece de un propósito real y loable, pues no ofrece garantías de que las personas sean escuchadas, como ocurrió con la consulta acerca del NAICM.
Por su parte, el diputado Alejandro Ojeda afirmó que el dictamen en cuestión está viciado desde su origen y va en contra del Artículo 21 de la Constitución Mexicana, porque rompe el principio de derechos al intervenir en la esfera federal y municipal.
En ese sentido, el legislador federal capitalino hizo un llamado a la Comisión de Gobernación a corregir el proyecto. “No podemos reducir a una sola pregunta el problema de seguridad. La seguridad no solamente tiene que ver con policías y con mandos únicos, tiene que ver también con la impartición de justicia”, recalcó.
