El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, cuestionó que en México aún no haya responsables por el caso de presunta corrupción de la empresa Odebrecht, mientras que en otros países “caen funcionarios y mandatarios”.
“Desafortunadamente en nuestro país, a pesar de que existe clara evidencia de la transferencia de 10 millones de dólares a cuentas vinculadas con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a cambio de lograr contratos de obras con el gobierno federal, la investigación duerme el sueño de los justos”, subrayó en un comunicado.
El legislador perredista consideró que la actual administración federal sólo sabe actuar bajo los principios de la impunidad y la corrupción, “claro ejemplo es que siguen cayendo funcionarios y mandatarios en otros países alrededor del mundo por el caso Odebrecht, mientras que México es el país donde no pasa nada”.
Recordó que en días pasados se dio la renuncia del Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en medio de acusaciones de sobornos y corrupción, por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
“Cuando se trata de indagar la corrupción de los cercanos al Presidente de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) es inoperante, ineficiente y cómplice, resulta que para la actual administración sus funcionarios públicos más cercanos son intocables ante la justicia mexicana, a pesar de los malos manejos en los que han incurrido y están documentados”, indicó.
El líder parlamentario sostuvo que el Ejecutivo ha hecho todo lo posible por someter a sus intereses el actual sistema de justicia mexicano, “a fin de proteger a sus más cercanos aliados, vemos con alarma que tiene secuestrada a la PGR y la utiliza más con instrumento para perseguir a sus detractores que para combatir actos delictivos”.
Refiiró que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 56.7 por ciento de la gente afirmó que la corrupción es el segundo problema que más le preocupa, sólo detrás de la inseguridad y delincuencia.
Precisó que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se registró en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.5 por ciento de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción; solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad, con 30.7 por ciento.
Detalló que en la ENCIG se estima que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12 mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14 mil 635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30 mil 097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25 mil 541 en 2017.
“Esto, derivado de los malos manejos del gobierno, la poca capacitación que reciben las autoridades y que existe la percepción de una alta impunidad al momento de delinquir, situación por demás grave que debe de revertirse lo antes posible”, concluyó.