Diputados de los ocho grupos parlamentarios cuestionaron a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, sobre los casos Odebrecht y del Paso Exprés de Cuernavaca; la vigilancia de los padrones de programas sociales y auditorías a gobiernos estatales y municipales.
Las interpelaciones fueron hechas en la primera de tres rondas de preguntas y respuestas, durante la comparecencia de la funcionaria federal ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del análisis del sexto informe de gobierno del Ejecutivo federal.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) afirmó que el actual gobierno federal inició con actos de corrupción y a lo largo del sexenio los permitió, por lo cual quedó marcado este mal y por la impunidad, y debido a ello no pudo resolver a fondo el caso de los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Pemex.
Preguntó a la funcionaria sobre las acciones realizadas respecto a la construcción inconclusa de la obra de drenaje Túnel Emisor Oriente en la Zona Metropolitana del Valle de México, los criterios para calcular las sanciones a Odebrecht, las medidas para dar seguimiento a la evolución del patrimonio de los ex servidores públicos, las razones para proceder penalmente en el caso del Paso Exprés de Cuernavaca y los motivos de los sobreprecios en las obras, entre otras 22 preguntas más que le hizo llegar por escrito.
La funcionaria indicó que a la SFP sólo le compete investigar e imponer sanciones administrativas, pero no penales, por lo cual en los casos Odebrecht y del socavón del Paso Exprés no puede ir más allá de lo que ha determinado, y explicó que el monto de las sanciones se imponen en función del daño patrimonial que se cause.
La diputada Martha Elisa González Estrada (PAN) afirmó que la presente administración “se hizo de la vista gorda” frente a casos como el de Odebrecht, porque nunca tuvo el propósito de combatir la corrupción y la impunidad, “se dedicó a eludir y minimizarlos”.
“¿Qué saldo deja esta administración sobre el caso Odebrecht? Y más allá de la inhabilitación impuesta a servidores públicos que no actuaron con probidad, ¿cuántos de ellos con cargos de dirección general hacia arriba han sido sujetos de proceso y pisado la cárcel por actos de corrupción?, cuestionó.
Gómez González refirió que en el caso Odebrecht ya hay 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, de los cuales ocho consisten en inhabilitaciones y sanciones económicas, entre ellas dos multas de 543 millones de pesos, cada una, para empresas de la constructora brasileña.
La diputada Jimena Puente de la Mora (PRI) señaló que la SFP opera y administra el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIPPG), y a través de esta herramienta se tiene la oportunidad de evaluar la correcta utilización de los recursos públicos y, además, permite a la ciudadanía saber quiénes son los beneficiarios.
“¿Qué acciones, en el ámbito de las atribuciones que tiene conferidas esa secretaría, se han realizado para evitar la entrega de apoyos y subsidios duplicados a los beneficiaros, y las acciones que tienen que ver con la absoluta transparencia de este programa de beneficiarios?”, consultó.
La funcionaria federal comentó que, de septiembre de 2017 a octubre de 2018, se integraron al sistema los padrones de 206 programas de diferentes sectores y con la información actualizada se realizaron 20 confrontas para evitar posibles duplicidades, además se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 13 de septiembre, el manual de operación ya modificado.
El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES) apuntó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, el pasado 8 de octubre, la recomendación 24/2018, con el objetivo de que diversos entes públicos abran nuevas investigaciones sobre el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, que cobró la vida de dos persona, en julio de 2017.
“La CNDH consideró que en este asunto hubo falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo reticencia y opacidad para la Comisión, por lo que se debe hacer una investigación integral ¿Qué acciones tomará la SFP para atender esta recomendación?”, externó.
La funcionaria respondió que la recomendación de la CNDH fue dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca, pero no a la SFP; no obstante, la institución estará abierta a iniciar cualquier investigación, dentro de su competencia.
El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) señaló que, dentro de las competencias de la SFP, está la realización de auditorías a los gobiernos estatales y municipales, y que es cierto que no los puede sancionar por irregularidades; sin embargo, sí los puede señalar.
Por ello, advirtió que si en la siguiente administración pública federal empiezan a ser señalados funcionarios locales de la actual administración por irregularidades, “querrá decir que Arely Gómez no cumplió con su responsabilidad”. “La sociedad y el tiempo nos dirán como actuó usted como secretaria de la Función Pública”.
La titular de la SFP dijo que la dependencia a su cargo lleva a cabo sus tareas y responsabilidades. “Nosotros auditamos a fondos y programas federalizados, y hemos determinado de manera conjunta con los órganos estatales de control el inicio de ocho mil 919 procedimientos de responsabilidades administrativas… y hemos logrado que se reintegren a la Federación ocho mil 826 millones de pesos”.
La diputada Ana Priscila González García (MC) señaló que la ASF detectó que el gobierno del Estado de México “no invirtió en el sector salud más de mil millones de pesos” por lo que preguntó a la titular de la SFP “cuántas auditorías ha realizado la secretaría a su cargo a las dependencias del Estado de México que ejercen recursos federales del componente salud” y cuales han sido sus observaciones.
“Como ciudadana, al igual que a los más de 100 millones de mexicanos, me preocupa que a menos de 60 días de cambiar la administración federal, el sello distintivo que deja el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sea el de impunidad”, expresó.
La funcionaria dijo que la SFP “realiza de manera conjunta, con los 32 órganos estatales de control, auditorías a recursos de fondos y programas federales transferidos a las entidades, con la finalidad de vigilar su correcta aplicación”. Agregó que el Estado de México es la entidad con mayores montos observados.
El diputado Héctor Serrano Cortés (PRD) afirmó que para su fracción parlamentaria el combate a la corrupción es fundamental, porque es un flagelo que contribuye a la desigualdad social y destacó que la participación ciudadana se debe acompañar con la responsabilidad y el compromiso de las autoridades.
Asimismo, dijo estar interesado en la propuesta de crear una nueva Ley de Servicio Profesional de Carrera, planteada por la funcionaria federal, “porque estoy convencido que se requiere tener los perfiles adecuadas en cada área, que técnicamente implica profesionalizarse”.
Gómez González respondió que, conjuntamente con el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera, la SFP “elaboró un proyecto de iniciativa para expedir una nueva ley en materia de profesionalización y servicio civil de carrera, a fin de racionalizarlo y hacerlo más eficiente”, el cual entregó a los legisladores.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) enfatizó que la corrupción no sólo daña el funcionamiento de la administración pública, sino también paraliza la economía, y en ese sentido se refirió al caso de presuntos sobornos de Odebrecht a Pemex.
Sobre ello, el legislador solicitó a la funcionaria señalar las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal sobre esos lamentables hechos y cuándo habrá resultados contundentes de sanciones a la empresa brasileña y a los servidores públicos.
La funcionaria respondió que la SFP sólo es competente de realizar investigaciones en el ámbito administrativo e imponer sanciones del mismo tipo, al tiempo que dijo que ya se ha inhabilitado a Odebrecht y a una de sus filiales, “siendo México el primer país que tomó esta medida y con las sanciones económicas más altas que haya impuesto la dependencia”.