La vida, seguridad y estabilidad emocional de niñas, niños y adolescentes deberán ser los factores centrales para determinar su guarda y custodia provisional durante un divorcio cuando no exista acuerdo entre los progenitores, plantea una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de México.
La propuesta de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza busca que la autoridad jurisdiccional analice las circunstancias particulares de cada familia, los riesgos para los menores y las consecuencias de su decisión a corto y largo plazo.
“No se trata de ver quién puede más, quién gana una discusión o quién castiga al otro. Una separación puede cambiar un hogar, pero no debe arrebatarles a las y los menores el derecho a vivir en paz”, señaló la legisladora de Morena.
Durante la presentación de la iniciativa, De la Rosa Mendoza indicó que entre 2025 y 2026 el Poder Judicial del Estado de México admitió cerca de 25 mil asuntos relacionados con guarda y custodia.
Jueces deberán revisar capacidad de cuidado y antecedentes de violencia
La iniciativa propone reformar el Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para establecer criterios específicos que deberán valorar los jueces antes de resolver quién ejercerá la custodia.
Entre los elementos considerados se encuentran la capacidad real de cuidado de cada progenitor, la estabilidad emocional, el vínculo afectivo, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, las condiciones del hogar y las redes familiares o comunitarias de apoyo.
También deberán revisarse los antecedentes de violencia familiar o de género y cualquier circunstancia que pueda representar sufrimiento, abuso, descuido o afectaciones físicas, psicológicas, mentales o emocionales para los menores.
La falta de recursos económicos no podrá utilizarse como impedimento para conceder la guarda y custodia a la madre, padre, familiar o persona cuidadora que se dedique a las labores domésticas y de cuidados, siempre que pueda garantizar un entorno seguro.
Menores tendrán derecho a ser escuchados
La propuesta establece que niñas, niños y adolescentes deberán ser escuchados conforme a su edad, madurez, desarrollo cognitivo, estado emocional, experiencia de vida y entorno social y cultural.
Su opinión deberá valorarse con perspectiva de infancia, sin exponer su intimidad ni colocarlos en situaciones que puedan afectar su integridad. Antes de citarlos a una audiencia, la autoridad tendrá que evaluar si su participación directa resulta pertinente.
En los casos de personas lactantes, la decisión tampoco deberá tomarse de manera automática por razón de género. El órgano jurisdiccional tendrá que examinar las condiciones concretas del caso, los derechos involucrados y las posibles consecuencias de su resolución.
Cuando no exista acuerdo entre quienes ejercen la patria potestad, la autoridad determinará si los menores permanecerán bajo el cuidado de la madre, el padre o, de manera excepcional, de familiares u otra persona cuidadora.
La iniciativa también plantea que, en los divorcios voluntarios, los convenios de guarda y custodia se elaboren sin estereotipos, con perspectiva de género, igualdad sustantiva, enfoque de derechos humanos y prioridad para el interés superior de la niñez.