El diputado federal de Morena Alejandro Ojeda señaló que promoverá 500 millones de pesos para vivienda social, con el propósito de apoyar a quienes fueron afectados por el sismo y las recientes inundaciones, aunque habrá que brindarlos para evitar que el Gobierno Federal o los estatales pretendan sacarle raja electoral.
Señaló que los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y la Federación deben implementar un programa emergente de vivienda que permita atender o darles alternativas a las miles de familias que viven en casas o edificios con daños estructurales que ponen en riesgo la vida de sus habitantes.
Comentó que no basta con que llegue Protección Civil a decirles que su edificio y sus casas son inhabitables y que deben desalojarlas, sino que se deben buscar los mecanismos financieros y crediticios de vivienda social para ofrecerles alternativas, sobre todo cuando se trata del patrimonio más importante de la población altamente vulnerable.
El legislador sostuvo que es necesario que las propias autoridades realicen un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran las viviendas en la capital, sobre todo por encontrarse en una zona altamente sísmica, y después de haber sufrido dos grandes movimientos telúricos, como fue en 1985 y ahora el que cimbró el pasado 7 de septiembre.
Dijo que se requiere realizar un padrón sobre las casas y edificios habitacionales que estén afectados o que sufran daños estructurales que ponen en riesgo la vida de sus habitantes.
Declaró que tan sólo en la Delegación Iztapalapa se sabe que existen alrededor de 14 mil viviendas en riesgo de derrumbarse. Sin embargo, con las lluvias y la fragilidad del terreno hoy pueden ser más.
Recordó que después del terremoto de 1985, la presión y organización social logró que el PRI y Gobierno Federal se vieran obligados a poner en marcha una estructura financiera, apoyada por organismos internacionales, con lo que se logró la construcción de entre 50 mil y 60 mil casas para los damnificados, en un tiempo récord de poco más de dos años.
Destacó que esta experiencia es única en el mundo, y demuestra que si hay voluntad política y responsabilidad de Estado, se pueden lograr acciones importantes para beneficio de la población, de tal manera que la experiencia posterior al terremoto de 1985 debe servir de ejemplo para impulsar un programa de vivienda popular que dé respuesta a las familias que por seguridad deben abandonar el lugar que actualmente habitan.
