La senadora Nestora Salgado García se sumó al llamado para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, emprendan acciones para la protección de las y los candidatos que contenderán por los más de 21 mil cargos de elección popular, el próximo 6 de junio.
La legisladora de Morena consideró necesario prevenir amenazas, agresiones y asesinatos en contra de quienes contienden en el proceso electoral, así como garantizar su integridad, evitar la violencia política por razón de género y sancionar a los responsables de dichos actos.
En un punto de acuerdo de acuerdo que presentó en el Senado, Salgado García refirió que al menos once aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados, previo al inicio de las campañas del proceso electoral 2020-2021: nueve competirían para alcaldías, uno al cargo de diputado local y uno más para regidor.
Nada más por estos atentados, detalló, Morena suma cuatro personas fallecidas, el PAN tiene tres, el PRI dos y el PRD uno. Destacó que la mayoría de dichos ataques ocurrieron en Veracruz y Guerrero.
Guerrero, agregó, es uno de los estados con mayor incidencia delictiva, con más complicaciones en lo político, en lo económico y lo social, pero también es la segunda entidad con mayor número de asesinatos y amenazas en contra de quienes aspiran a un cargo de elección popular.
“La violencia -asentó la senadora- es una de las expresiones que más dañan a la democracia y los atentados contra las personas en un espacio de participación política afectan el tejido social”.
Por ello, el contexto nos obliga a actuar para evitar más asesinatos, garantizar que el proceso electoral se desarrolle con total normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad; incluso, es fundamental levantar la voz y exigir la investigación de los ataques para dar con los responsables.
La senadora refirió que, durante el proceso electoral 2018, se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos. De esta cifra, 152 políticos fueron asesinados, 48 eran precandidatos o candidatos a puestos de elección y 371 se desempeñaban como funcionarios.
El punto de acuerdo fue turnado a la comisión de Gobernación, para su estudio.