POR: BLAS A. BUENDÍA
El Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR-100), promovió una serie de quejas antes las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y de la Ciudad de México, en demanda a la reparación del Daño de Estado que el gobierno federal debe saldar, tras la quiebra de la paraestatal camionera ex Ruta 100 hace más de 25 años, convirtiéndolo como uno de los conflictos más longevos de toda la Nación.
La problemática laboral ha sido heredada a través de las administraciones desde 1995 al año 2020, cuando el PRI gobernaba la capital de la República, posteriormente cuando la mal llamada “izquierda” del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, también la absorbió, dejando esta “asignatura pendiente” a los gobiernos del PRD y luego Morena, y hasta este momento NO ha sido liquidada en el marco del Derecho Laboral.
Si bien hay que hacer notar que ante la negativa de ejercer justicia a la ex Ruta 100 por parte de las autoridades correspondientes desde hace un cuarto de siglo, miles de ex choferes deambulan entre la pobreza y la miseria frente a una insensible administración que derrocha el erario público federal en cosas superfluas.
Con el rubro de “solicitud de indemnización constitucional y reparación del daño a 6,977 personas en relación a la dilación de 19 años de negación de justicia pronta y expedita en las denuncias penales, Carpetas de Investigación FDF/C/520/01-07 y acumuladas FDF/C/182/02-03 y FDF/T/135/03-02, por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía) de la Ciudad de México, se reactiva esta vieja querella judicial y laboral”.
La promoción que reinició la ex Ruta 100 ante la CNCH y la CDHCDMX, fue a través de sus representantes legales Jorge Cuellar Valdez y Ernesto Monroy Martínez, en su carácter de Presidente y Tesorero, respectivamente, del SUTAUR-100 (personalidad que se encuentra debidamente acreditada y reconocida en autos del expediente 15297/95 y ratificada en los términos de la resolución dictada el 17 de Febrero 2009, dictaminada y resuelta dentro de las actuaciones del expediente laboral tramitado ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual ya se le ha notificado en forma previa y oficial al Senado de la Republica para su debido cotejo y conocimiento).
Fundamentan la promoción en varios aspectos dinámicos:
Primero.- promoviendo por nuestro propio derecho y como ofendidos y coadyuvantes en las averiguaciones previas acumuladas a la principal citadas al rubro y con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20 apartado “A”, 21 y 133 de la Carta Magna; 4, 6 inciso e), 11 y 12 de la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en su resolución 40/34 el 29 de noviembre de 1985; 8, 25 y demás relativos y aplicables de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XVIII y XXVI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del hombre, solicitamos lo siguiente:
Segundo.- En alcance a nuestras promociones de fechas 17 de junio de 2013 y 23 de octubre de 2014 realizadas, solicitando la intervención y coadyuvancia de la CDHCDMX para lograr la solución integral del conflicto Ruta-100 y la Reparación del Daño Patrimonial del Estado; por negligencia, omisión, negación de justicia pronta y expedita por conflicto de interés y compra venta de voluntades por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal -hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante esta situación nuevamente, después de 19 años contando las fechas en los años 2001, 2002 y 2003 en que promovimos nuestras denuncias penales y demandas civiles, “no hemos tenido acceso a la justicia en esta Ciudad de México”.
Al respecto, el líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, denunció sobre la pasividad, dilación y omisión de las autoridades de justicia para resolver el añejo conflicto ex Ruta 100. “Nuestras denuncias y demandas siguen durmiendo en el sueño de los justos, por lo que en este acto exigimos la Reparación del Daño Patrimonial del Estado Mexicano”.
Dijo que el Daño Patrimonial ocasionado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 6,977 ofendidos en las averiguaciones mencionadas al rubro, asimismo, se deriva de las recomendaciones 3/2011 emitida por la CDHCDMX, en donde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, intervino y de la recomendación 10/2014 emitida por la CNCH, también recomienda la Reparación del Daño Patrimonial del Estado Mexicano a los trabajadores denunciantes y demandantes socios del Fideicomiso de Inversión F/100-7.
Tercero.- En la carpeta de 82 páginas que envío la CDHCDMX, de fecha 18 de agosto de 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dirigida a Jorge Cuellar Valdez, Felipe Domínguez Correa (fallecido) y Ernesto Monroy Martínez, en su página 73, solicita “admisible la petición contra el Estado Mexicano, conforme lo establece el artículo 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 29.2 inciso a, fracciones i y ii del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ante esta serie de trámites engorrosos e interminables, la ex Ruta 100, urgió a las instancias laborales “tener por solicitada la Indemnización Constitucional y La Reparación del Daño de Estado para 6,977, personas agraviadas que obran en el padrón actualizado del Fideicomiso de Inversión F/100-7, con los elementos que se hacen mención en el presente escrito y señalar fecha y hora para la presentación cotejo de Instrumentos Notariales, así como de la Toma de Nota de la Comisión Liquidadora del SUTAUR-100”.
Al arengar “por el rescate de la dignidad, los derechos y el patrimonio de la clase trabajadora”, también se enviaron sendos expedientes para su conocimiento y pronta resolución, al Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como al Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.