“No existen dictámenes técnicos ni estudios ambientales públicos que justifiquen la tala por riesgo o enfermedad del arbolado”, señaló el diputado local Omar Ortega Álvarez, quien presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de Tultepec por la presunta comisión de delitos contra el ambiente, luego del derribo de diversos árboles en la colonia Santiago Teyahualco.
La denuncia fue interpuesta contra quien o quienes resulten responsables y señala como sitio de la afectación el camellón de la avenida Joaquín Montero, a la altura del Mercado de Artesanías Pirotécnicas, donde fueron retirados ejemplares de vegetación urbana, entre ellos palmeras aparentemente de la especie Washingtonia y coníferas.
De acuerdo con lo expuesto ante el Ministerio Público, Ortega Álvarez acudió al lugar el pasado 14 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, y constató que varios ejemplares habían sido derribados y únicamente permanecían los tocones.
El legislador fundamentó su denuncia en la probable comisión de delitos contra el ambiente previstos en el artículo 228, fracción I, del Código Penal del Estado de México.
Vecinos señalan tala nocturna
Según los testimonios vecinales incorporados a la denuncia, los trabajos habrían ocurrido alrededor de las 23:00 horas del 13 de agosto.
Habitantes de la zona señalaron que las maniobras presuntamente fueron realizadas por el Ayuntamiento, supuestamente en coordinación con una empresa relacionada con la construcción de bodegas comerciales, con el objetivo de habilitar un acceso vehicular.
Sin embargo, estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes para determinar quién ordenó y ejecutó el derribo, así como establecer si existían los permisos correspondientes.
Ortega Álvarez sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, no se han hecho públicos dictámenes técnicos o estudios ambientales que acrediten que los árboles representaban algún riesgo o presentaban enfermedades que justificaran su retiro.
Pide peritajes y revisar permisos
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentra la realización de peritajes en el sitio para determinar las características de los ejemplares derribados y evaluar el posible impacto ambiental.
También pidió requerir al Ayuntamiento y a las dependencias correspondientes las licencias, permisos, autorizaciones y órdenes de trabajo relacionadas con las obras realizadas en la zona.
Además, solicitó dar vista a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México para que intervenga dentro del ámbito de sus atribuciones.
El diputado pidió ser reconocido como víctima u ofendido dentro de la investigación, tanto en su carácter de habitante como de representante popular, bajo el argumento de que el derecho a un medio ambiente sano tiene reconocimiento constitucional.
La denuncia abre ahora la vía para que el Ministerio Público determine si el derribo del arbolado contó con autorización, quién ordenó los trabajos y si los hechos pueden constituir un delito ambiental. Hasta que concluyan las investigaciones, no puede atribuirse responsabilidad penal al Ayuntamiento, a alguna empresa o persona en particular.