En atención a quejas ciudadanas por adeudos a personas con discapacidad, el diputado local Héctor Barrera Marmolejo exigió al DIF local saldar los pagos atrasados desde julio y evitar que se repitan este tipo de atropellos en contra de sus derechos.
Dijo que este grupo poblacional no resiste más sin su pago de 600 pesos mensuales como beneficiarios del Programa de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad Permanente en la Ciudad de México.
“Tienen consagrados sus derechos en la Carta Magna, ordenamiento jurídico que a las autoridades de la Ciudad no les importa, se eximen de su responsabilidad y de nueva cuenta como en el caso de las personas mayores, transfiere el derecho al Gobierno Federal y vuelven a aparecer las ocurrencias, la falta de planeación y el desprecio a los más necesitados”.
El Punto de Acuerdo presentado por Barrera e integrante de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, fue aprobado el pasado jueves y describe casos de crisis por esta situación.
Dijo que personas como Mariana Gómez Santis, de 23 años, quien padece disfunción cerebral, fue censada desde junio y no ha obtenido ninguna respuesta a la fecha.
Otro ejemplo es Alexis Morales González, de 16 años y cuenta con disfemia, quien fue censado y no lo han vuelto a contactar.
En este sentido, el panista apeló por la sensibilidad del Gobierno y apoye a este núcleo de personas que necesitan la ayuda.
Informó que de acuerdo a cálculos del Instituto para la Atención de las Personas con Discapacidad CDMX y con base en los micro datos del Módulo de pobreza del CONEVAL, en 2016 existían 526 mil 593 personas con discapacidad de las cuales, 142 mil 590 se encuentran en situación de pobreza.
“Los cuales no podemos permitir sean de nueva cuenta presa de la falta de planeación en la implementación y uso eficiente de recursos públicos que están etiquetados para atender a las personas con discapacidad”.
Agregó que los derechos de las personas con discapacidad no son negociables, ni transferibles y “en la Ciudad de México ya existe una Constitución que consagra nuestros derechos, el programa de apoyo a personas con discapacidad debe seguir”.