La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a autoridades de gobierno y seguridad locales luego del suicidio de 24 internos en diferentes centros de reclusión de la capital mexicana.
La recomendación 04/2018 es por la violación al derecho a la vida ante la falta de deber de cuidado del Estado como garante de las personas privadas de la libertad bajo custodia, informó el organismo autónomo.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, refirió que la Recomendación fue dirigida a la Secretaría de Gobierno de la ciudad como autoridad responsable por las omisiones en el deber de cuidar y preservar la vida en los centros de reclusión.
Ello luego de que el organismo a su cargo documentó 24 casos de suicidios, siete mujeres y 17 hombres, ocurridos entre 2010 y 2017, por lo que llamó a las autoridades a generar acciones concretas para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad.
Tales derechos están reconocidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como un sistema integral de reinserción social con enfoque de derechos humanos que permita soluciones holísticas para la prevención del suicidio dentro del Sistema Penitenciario.
Del mismo modo, consideró urgente avanzar hacia el reconocimiento de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria que no debe ser criminalizado o estereotipado.
Se requiere, resaltó, de la intervención del Estado para garantizar sus condiciones de vida digna, así como de la sociedad para combatir la discriminación, abandono e invisibilidad de las personas privadas de su libertad.
Aunque reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades capitalinas en el tema de prevención de suicidios en los años recientes, consideró que parecen enfocar la situación como un tema exclusivamente relacionado con la salud mental y no como un problema integral derivado de factores estructurales que, de no ser atendidos, impedirán la disminución y eventual erradicación.
Nashieli Ramírez indicó que la Recomendación 04/2018 constó de cinco puntos que en términos generales contemplan la indemnización a las víctimas indirectas por concepto de daño inmaterial.
En segundo lugar, previo consentimiento de las víctimas indirectas que manifiesten su interés, se solicitó realizar los trámites necesarios para que reciban tratamiento médico y psicológico especializado.
De igual forma se recomendó realizar reuniones, por caso, con las víctimas indirectas, a fin de subsanar las omisiones de información por parte de las personas servidoras públicas, en cuanto a lo ocurrido a las víctimas directas.
Asimismo, se pidió adoptar medidas para revisar y fortalecer el Programa para Prevenir el Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad, y al Sistema Penitenciario adoptar medidas necesarias para que cada centro de reclusión cuente con personal capacitado, que tenga asignada de manera específica la función de enlace directo con familiares de las personas privadas de libertad.
Lo anterior, a fin de brindarles información y orientación, con perspectiva de derechos humanos, en los casos de fallecimiento, enfermedad y otras incidencias graves.