La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 32/2018 al gobierno de Veracruz por el desalojo arbitrario y violento de 35 adultos mayores jubilados que se manifestaban frente al Palacio de Gobierno de Xalapa, en 2015.

El desalojo se atribuye a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, al igual que las agresiones a dos periodistas que daban cobertura al hecho.

La recomendación ya fue notificada al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como al director general del Instituto de Pensiones y fiscal general de ese estado, Hilario Barcelata Winckler y Jorge Winckler Ortiz, respectivamente.

La recomendación al gobernador fue que, en coordinación con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, se repare el daño de menera integral, además de que se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 pensionados y a los dos periodistas.

Asimismo, que colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la queja que presentará ante la Contraloría y la Fiscalía General de Veracruz para que investigue, y que determine las responsabilidades administrativas de 12 servidores públicos y demás autoridades que participaron en los hechos.

El órgano nacional autónomo exhortó de igual forma a que la Secretaría de Finanzas transfiera de manera oportuna al Instituto de Pensiones, los recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas en tiempo y forma.

También, que se impartan al personal de las Secretarías de Gobierno, de Finanzas y de Seguridad Pública, cursos de capacitación en materia de derechos humanos.

Mientras que al director general del Instituto de Pensiones de Veracruz le recomendó tomar medidas para cubrir oportunamente las prestaciones de seguridad social a las personas pensionadas; colaborar en la denuncia que presente ante la Fiscalía General estatal, y se capacite a los servidores públicos de esa instancia en materia de derechos humanos de las personas mayores.

En tanto que el Fiscal General de la entidad deberá integrar y determinar el Acta Circunstanciada y la Carpeta de Investigación 2, con el fin de determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados, así como emitir una circular dirigida al personal de todas las fiscalías de Veracruz para que colabore con las Comisiones Nacional y Estatal con la información requerida.

Asimismo que colabore con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía General, por la responsabilidad en que por acción u omisión pudieron incurrir seis servidores públicos, y capacitar al personal en derechos humanos de las personas mayores y periodistas.

Tras su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violaciones a los derechos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a 22 servidores públicos del gobierno estatal.