El diputado priísta Adrián Rubalcava Suárez, se pronunció por la desaparición del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) por considerarlo un aparato burocrático que le cuesta a la Ciudad de México, 360 millones de pesos, siendo este, uno de los presupuestos más altos para el Gobierno Capitalino y que realiza las mismas funciones que llevan a cabo las 16 jefaturas delegacionales.
Rubalcava Suárez, dijo que “Tenemos que regresarles estas facultades a las delegaciones para no dejarlas sólo como áreas administrativas y para que, al momento de evaluarlas en cuanto a sus responsabilidades, puedan rendir cuentas sobre su gestión”, añadió.
Por ello, el legislador del Revolucionario Institucional consideró necesario la desaparición de esta dependencia creada durante la gestión de Marcelo Ebrard, con la intención de centralizar el poder y tener un mayor control sobre las delegaciones y hoy un análisis serio nos demuestra, apuntó el diputado, que duplica funciones con las delegaciones políticas, lo que permite actos de omisión en sus responsabilidades y presuntos actos de corrupción.
Adrián Rubalcava refirió que Cuajimalpa, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo son demarcaciones que sufren de manera constante casos de abuso en el uso de suelo, en donde el Instituto no ejerce sanciones, y son los delegados quienes reciben los reclamos de parte de la ciudadanía, cuando estos no tienen facultades sobre el uso de suelo.
El diputado del PRI, señaló que la Comisión de Administración Pública de la ALDF, que preside, tiene confianza de que la mayoría de los grupos parlamentarios voten por desaparecer al Invea, porque, reiteró, tiene duplicidad de funciones con los gobiernos delegacionales. Recordó que, en la propuesta presentada por Acción Nacional, la mayoría de las fracciones parlamentarias, incluyendo el PRD, en la Asamblea Legislativa, se pronunciaron a favor de su desaparición toda vez que, señaló, en los trabajos de la Comisión, ha habido un diálogo abierto para determinar el futuro del Invea y “esperamos que una vez dictaminado y al momento de subirlo al pleno, mantengan su postura”.
Finalmente, el legislador mencionó que “seguramente esto podrá afectar intereses ajenos, pero lo hacemos pensando en el derecho que tienen los ciudadanos a contar con la certeza jurídica sobre las funciones y responsabilidades que tienen sus autoridades”.