Desapariciones en máxima alerta: Cristina Ruíz Sandoval

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  • PRI acusa silencio y abandono institucional en Edomex

“Los gobiernos morenistas han optado por guardar silencio ante el dolor de miles de familias que siguen buscando a un familiar desaparecido”, afirmó Cristina Ruíz Sandoval, al advertir que las cifras oficiales colocan al país y al Estado de México en máxima alerta por la crisis de desapariciones.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional sostuvo que de las 132 mil personas reportadas como desaparecidas en el país, más de 80 mil corresponden a los últimos siete años de gobiernos de Morena, lo que representa 60.7 % del total nacional.

La senadora subrayó que la situación es aún más grave en el Edomex: de 14 mil 719 personas desaparecidas y no localizadas, más de 8 mil 200 casos se registraron en los últimos dos años del actual gobierno estatal. Estas cifras, dijo, pueden consultarse en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Lo más alarmante es que ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Morena; 56.3 % del total histórico en el Estado. Hablamos de más de la mitad de todas las desapariciones registradas, lo que muestra indiferencia y abandono institucional”, enfatizó.

Ruíz Sandoval explicó que cinco municipios concentran 63 % de los casos: Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, todos gobernados por la 4T. Añadió que la mayoría de los expedientes siguen sin respuesta, sin búsqueda y sin justicia, y que existen más de 8 mil cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses.

La dirigente priista denunció un colapso de la justicia y la seguridad, al señalar que solo se destinan 15 millones de pesos para atender a las familias buscadoras. “Es inaceptable enfrentar una crisis que crece a diario con una encargada de despacho desde 2024 que percibe casi 100 mil pesos mensuales”, afirmó.

Finalmente, el PRI exigió aumentar los recursos para la búsqueda de personas, fortalecer la Fiscalía con personal capacitado y protocolos claros, activar un Consejo Estatal Ciudadano independiente y proteger a las madres buscadoras, en lugar de criminalizarlas.