Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y el representante del presidente de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, expresaron ayer durante el foro convocado por la COPARMEX CDMX que el Sistema Local Anticorrupción estará a la vanguardia de todos los sistemas del país y que no se dejó de lado a la sociedad civil porque ya en su interior la ALDF tiene los elementos delegados por la ciudadanía para representarla.
A menos de una semana de concluir el plazo para que los estados aprueben sus Sistemas Locales Anticorrupción aún se observan serios retrasos, tal es el caso de la CDMX donde ni siquiera se han presentado al pleno los 11 dictámenes de las leyes que regirán el sistema local, situación ampliamente señalada por diversos sectores de la sociedad civil y el empresariado capitalino.
En el marco del I Foro Empresarial Anticorrupción CDMX 2017 la mesa dedicada a la capital del país contó con la participación de Manuel Granados Covarrubias, consejero general Jurídico de la CDMX, Fernando Carmona Romero, director general de Legalidad de la Contraloría de Gobierno; y Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez, asesor de Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF. Asimismo, por la sociedad civil estuvieron Vanessa Silveyra de la Garza de Transparencia Mexicana y Sofía Ramírez de Aguilar de Mexicanos contra la Corrupción, como moderadora.
El panel tuvo como objetivo resaltar aquellas acciones necesarias para crear sistemas anticorrupción eficaces y eficientes, para hacer frente y combatir el cáncer de la corrupción que, como señaló Vanessa Silveyra, “económicamente le cuesta al ciudadano de a pie y menos favorecido, por lo menos en la CDMX, el 33% de su ingreso familiar”.
Este panel sobre el Sistema Anticorrupción de la CDMX, arrancó tras la inauguración en la que Gustavo de Hoyos Walther líder nacional del organismo y Jesús Padilla Zenteno, el líder capitalino de los empresarios de COPARMEX, urgieron a que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus versiones estatales sean valientes y comprometidas, y se erijan como ejes fundamentales en la lucha contra la corrupción con una fiscalía que goce de plena autonomía para que la sociedad confíe en la fortaleza de las instituciones desde la denuncia, y a través de la investigación y las sanciones reales ejercidas y ejecutadas por las autoridades.
Sofía Ramírez inició con el cuestionamiento a Gustavo Jiménez, asesor de Leonel Luna, sobre la relevancia del nombramiento del Secretario Técnico en el ordenamiento local y que esté siendo seleccionado por el Comité de Gobierno y no por los ciudadanos como sí ocurrió en el sistema nacional, haciendo a un lado al Comité Ciudadano capitalino.
El funcionario respondió: “Durante estos días se está decidiendo el paquete de las nuevas leyes así como las reformas en materia anticorrupción y uno de los temas es justamente el del nombramiento del Secretario Técnico y se hizo así, básicamente, porque ya la ALDF es el órgano en el cual se reconduce la voluntad popular; de hecho los órganos parlamentarios tienen también la función de controlar la función del gobierno y servir de contrapeso al poder”, externó el asesor del asambleísta.
Fernando Carmona, director de Legalidad de la Contraloría de Gobierno de la CDMX a su vez expresó que la importancia del Comité Ciudadano ya está contemplada por su incidencia en materia de política pública y también en materia de contraloría, porque estará al pendiente de aquellos temas en los que particulares cometan lo que se denomina “probables faltas graves de particulares en la comisión de delitos de corrupción”, así que el comité ciudadano, dijo, “es fundamental para la vigilancia, investigación y sanción en estas faltas graves de particulares”.
No obstante, Vanessa Silveyra de Transparencia Mexicana, cuando se le interrogó sobre la importancia de la participación del Comité Ciudadano en la conformación del Sistema Anticorrupción de la CDMX, expresó que el organismo que ella representa pugnará siempre por un gobierno y parlamentos abiertos que tengan en su centro a la ciudadanía como parte de la toma de decisiones “porque eso redunda en el éxito, por ejemplo, de un Sistema Nacional Anticorrupción, y que aunque la CDMX es punta de lanza en muchos temas, sí está quedando a deber en lo referente al sistema local anticorrupción, pues 97 de cada 100 denuncias no se resuelven porque los particulares temen ratificarlas por las represalias y la discrecionalidad al aplicar la normatividad de las autoridades capitalinas, cuyas funciones y gastos no son totalmente transparentes”.
Fernando Carmona y Gustavo Jiménez, por su parte, siguieron expresando que el tema de la corrupción y de la toma de decisiones es un tema de corresponsabilidad, entre ciudadanos y gobierno, pues ambos coincidieron en que para existir corrupción se requiere la participación de particulares y autoridades. Y que la evaluación legislativa ya tiene la observación y participación ciudadana en su centro neural, ya que casi medio millar de organizaciones de la sociedad civil hicieron aportaciones para la construcción del Sistema Anticorrupción de la CDMX.
La solución equitativa de esta tensión, desde el parecer de Vanessa Silveyra, fue insistir en reforzar la participación más puntual del Comité Ciudadano para que logre alinearse tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con una política pública anticorrupción de las empresas y que se observe en los niveles, local, nacional e internacional, para que la transparencia corporativa tenga un mapa público visible.
La panelista hizo hincapié en que las empresas también transparenten sus informes financieros, su política anticorrupción, su estructura corporativa global, así como el modo en que están jerarquizadas sus filiales para que sus reportes financieros sean publicados de acuerdo a todos estos elementos y toda su estructura corporativa para no caer en sucesos como los “Panamá Papers”, es decir, para no hallarse con la sorpresa de corrupción en transacciones y trámites escondidos de gobiernos con empresas membrete, instaladas en paraísos fiscales, o empresas fantasmas o las no obligadas a transparentar sus reportes financieros.
