Por Juan R. Hernández
El problema del combate de la inseguridad en México se debe a que los recursos que se destinaban para la modernización y capacitación de los cuerpos policiacos en los estados y municipios eran desviados hacia otros fines, lo que permitió que el Crimen Organizado se fortaleciera en esas entidades, coincidieron al señalar Raúl Benítez Manaut, Irma del Rosario Kánter Coronel y Raúl Zepeda Gil, Investigadores del Instituto Belisario Domínguez.
Durante su participación en la mesa de debate del programa “La Agenda de…”, conducida por los periodistas Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno, los investigadores del Atlas de Seguridad y Defensa de México 2017, señalaron que éste documento contiene las estadísticas, organigramas y las variables de la problemática de la seguridad del país.
“En éste Atlas de Seguridad, le damos coherencia a una serie de eventos, difíciles de evaluar, que nos dan un panorama muy detallado de las causas por las que la violencia y la inseguridad crecieron en México”, comentó Benítez Manaut.
Al respecto, el investigador Raúl Zepeda, señaló que la información contenida les dará las herramientas para la toma de decisiones a los legisladores, a los gobiernos, empresarios y la sociedad.
En su oportunidad, la especialista Irma del Rosario Kánter Coronel, enfatizó que cada investigador hizo una radiografía, basada en datos e información estadística, las cuales reflejaban una tendencia del crecimiento o disminución de una determinada problemática, que son la base que sustentará la toma de una decisión para una política pública.
Desvío de Recursos
Al abordar la problemática de la inseguridad y la falta de respuesta de los cuerpos policiales en los estados, los investigadores atribuyeron que factores como la corrupción, desvío de dinero, falta de información, falta de control en el uso de los recursos fueron los detonantes para que la Delincuencia Organizada creciera e incluso contaminara esos cuerpos de seguridad.
“Hemos encontrado que los recursos que la federación daba a los gobiernos estatales y municipales para la capacitación y modernización de sus policías, se gastaba en forma irregular. Al crecer la violencia, el Ejército tenía que entrar y salvar las condiciones. El gobierno sí invirtió en seguridad, sin embargo, ese dinero se malgastó y no se uso para lo que estaba destinado”, comentó Benítez Manaut.
Los gobernadores y presidentes municipales se robaron o desviaron el dinero, remató el investigador.
Asimismo, señaló que también hay buenos cuerpos policiales, pero estos son en lugares como Mérida, León o Querétaro, por citar algunos, en donde la delincuencia está controlada.
En 1996, comentó el investigador, Arsenio Farell Cubillas informó que se invertirían muchos recursos para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de haberse aplicado ese dinero, el problema de la violencia no hubiera crecido en el país.
La investigadora Irma del Rosario Kánter Coronel destacó que aunado a la falta de seguimiento y evaluación de dónde se estaban aplicando esos recursos, no se sabía si el gobierno estatal o municipal tenía planes de modernización o capacitación.
“Como ejemplo, tenemos el caso de que no existe una base de datos estatal de los policías, no sabían si habían trabajado en otros estados, sus antecedentes y las causas por las que habían sido dados de baja”, expuso.
Crimen Organizado invade gobiernos
Durante la mesa de debate, el investigador Raúl Zepeda Gil, expuso que en el Estado de Michoacán si hubo evidencia de una componenda de los Caballeros Templarios y el entonces gobernador de la entidad, Fausto Vallejo lo que puso de manifiesto el problema de la vigilancia de las instituciones de seguridad pública.
“Se enteraron del caso hasta que hubo una intervención del Gobierno Federal. Hay que recordar aquellas grabaciones de La Tuta con el hijo del gobernador en donde veían cómo usar el sistema de vigilancia C4, imagínense cuánta corrupción había para usar información y estructura del gobierno para no ser atrapados”, dijo.
Destacó que también hay casos de presidentes municipales que fueron amenazados por los grupos delictivos que les exigían que les dieran los fondos especiales de seguridad y prevención del delito, lo cual ocasionó un retraso en sus sistemas de seguridad pública.
El problema de las cifras y conceptos
Para la investigadora Irma del Rosario Kánter Coronel, existe un problema en el manejo de la información entre las dependencias y los gobiernos y ejemplificó:
“En los medios se habla de feminicidios, pero no hay estadísticas porque están dentro de los homicidios, no las desglosan por sexo el sistema. En el INEGI hay una aproximación a la cuestión de los feminicidios. Paro cuando pasan al sistema estatal o municipal, no hay claridad en sus datos y eso es preocupante”, comentó.
Al haber ésta falta de información, acotó la especialista del Instituto Belisario Domínguez, no se puede hacer un análisis para saber qué decisión tomar en política pública porque no se sabe por dónde ir para combatir ese problema.
Al respecto, el investigador Raúl Benítez Manaut señaló que en el tema de los desaparecidos, la sociedad civil maneja el concepto de una forma y la PGR lo conceptúa como personas no localizadas.
“Eso hace que haya una confusión sobre el tema, una cosa son los desaparecidos que los encuentran en las fosas clandestinas y otra son aquellas personas que simplemente deciden abandonar el hogar”, dijo.
Finalmente, los especialistas coincidieron al señalar que es urgente cambiar radicalmente las políticas públicas en las que se supervise y verifique hacia dónde se están implementando los recursos destinados a la Seguridad Pública, lo cual ayudara al diseño de la política pública.