La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, dentro de una investigación relacionada con el denominado “huachicol fiscal”.
La captura fue realizada por elementos federales en el municipio de Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal a solicitud del Ministerio Público de la Federación.
De acuerdo con la información difundida por la FGR, las investigaciones están vinculadas con operaciones de presunto contrabando de hidrocarburos y con una empresa fundada por Ruffo Appel, identificada como Ingemar, la cual forma parte de las indagatorias derivadas de diversos aseguramientos de combustible realizados por autoridades federales.
Uno de los casos relacionados corresponde al decomiso de aproximadamente 15.5 millones de litros de hidrocarburos, considerado uno de los mayores aseguramientos registrados en el país dentro de las investigaciones contra redes dedicadas al contrabando de combustibles.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha hecho público el contenido completo del expediente ni los elementos de prueba que sustentan la imputación, por lo que será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad penal del exmandatario conforme avance el proceso.
Niega irregularidades
Antes de su detención, Ernesto Ruffo Appel había declarado públicamente que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades y sostuvo que las operaciones de la empresa relacionada con las investigaciones se realizaban conforme a permisos legales.
Asimismo, rechazó haber participado en actividades ilícitas y afirmó que no es el accionista mayoritario de Ingemar, como se ha señalado en algunas versiones difundidas en redes sociales y otros espacios informativos.
Caso genera reacciones políticas
La detención del primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos.
Dirigentes panistas solicitaron que el proceso judicial se conduzca con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, mientras que especialistas consideran que el caso representa una de las investigaciones de mayor impacto dentro de la estrategia federal para combatir el contrabando de combustibles.
Investigación continúa
Hasta el cierre de esta edición, la FGR no había informado la fecha de la audiencia inicial ni si existen otras personas imputadas en esta etapa del procedimiento.
El caso permanece en desarrollo y será el Poder Judicial quien determine la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel conforme avance el proceso penal. Mientras tanto, las acusaciones formuladas por la Fiscalía constituyen una investigación en curso y no implican una declaración de culpabilidad.