La justicia de México ordenó este sábado prisión preventiva para el exprocurador general Jesús Murillo Karam, responsable de las cuestionadas investigaciones sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014, un día después de haber sido capturado.
La “prisión preventiva justificada” para el exfuncionario fue impuesta “para garantizar su comparecencia a la audiencia” del próximo miércoles, donde se determinará si se le enjuicia por cargos relacionados al llamado caso Ayotzinapa, detalló una fuente judicial.
“De resultar vinculado a proceso [enjuiciado], en su caso, se definirá la medida cautelar vigente para el transcurso del proceso”, agregó la misma fuente.
Murillo Karam fue arrestado el viernes en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”, detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata del más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los estudiantes normalistas, ocurrida en el estado de Guerrero (sur).
La orden del juez se dio tras casi 12 horas de una audiencia inicial realizada en un tribunal ubicado en la cárcel donde permanecerá recluido Murillo. En la sesión, se le notificaron las razones de su detención y la fiscalía argumentó sus acusaciones.
La defensa del exprocurador pidió la ampliación o “duplicidad” del plazo establecido para ofrecer pruebas en descargo de su defendido, razón por la cual la audiencia de “vinculación a proceso” se efectuará hasta el miércoles, según medios locales y la misma fuente judicial.
Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo Karam llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Además de su detención, la FGR informó el viernes que obtuvo órdenes de captura contra 20 militares, 44 policías y cinco funcionarios estatales igualmente vinculados al crimen de los 43.
Adicionalmente, se autorizó la captura de 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del asesinato.
La desaparición de los estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en Guerrero, para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.