La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (Encuentro Social) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 6º de la Constitución Política, con el propósito de que el Estado garantice el acceso gratuito de banda ancha e Internet.
La reforma, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, precisa que “el servicio que preste el Estado será sin fines de lucro”.
La diputada refirió que en la reforma constitucional de 2013, se estableció el derecho al acceso de internet, a las tecnologías de la información, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet. Se modificó el artículo 6º a efecto de que el Estado garantizara las condiciones de competencia en la prestación de los servicios.
“Esta reforma, a la luz de siete años, muestra costos elevados en el servicio de internet, falta de cobertura universal y no siempre, una sana competencia”, mencionó en la iniciativa.
Citó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 arrojó que en el país había 80.6 millones de usuarios de Internet y 86.5 millones de abonados de telefonía celular; de este total, 76 por ciento se localizan en zonas urbanas y el resto en regiones rurales, lo cual constituye una brecha digital.
Señaló que de cada cien hogares en la Ciudad de México, 96 cuentan con Internet; en contraste, en Chiapas solamente tienen este servicio 19 de cada cien inmuebles, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).
Por ello, consideró que la labor del Estado para completar la garantía dispuesta en el artículo 6º constitucional, es apremiante y necesaria.
Añadió que dicho artículo ya obliga al Estado a proveer el servicio y lo que se busca es la gratuidad del mismo. Esto está soportado a partir de dotar de capacidad jurídica al proyecto de Internet universal y gratuito, ya que la capacidad material, económica, técnica y administrativa corresponde al Presupuesto y a la labor de la empresa subsidiaria, precisó.
Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contempló la cobertura de Internet para todo el país mediante la instalación de redes inalámbricas en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios
Es una tarea positiva de los Estados establecer mecanismos para el acceso de Internet a los sectores mayoritarios de la población, el Estado debe ser un facilitador del acceso a las tecnologías de la información en lugares accesibles y para personas con discapacidad, dijo.
En ese sentido, puntualizó que la infraestructura que se desarrolle es vital para garantizar que todos los habitantes de un país, un Estado o un municipio, sin menoscabo de los derechos humanos y libre de discriminación, puedan acceder a internet.