Durante el foro “Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?”, convocado por la Comisión de Justicia, diputadas afirmaron que atender a las víctimas es una asignatura pendiente, en tanto que especialistas propusieron otorgar un presupuesto suficiente, humanizar la justicia y que las reformas jurídicas se ciñan a la Constitución.
La presidenta de la Comisión, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), consideró que en el ánimo de frenar la impunidad se pone en riesgo un sistema de libertades, democrático y de garantías.
“Claro que queremos combatir la impunidad y se puede hacer con investigación, con un trabajo bien hecho de los operadores, un sistema penitenciario sin corrupción y un sistema de justicia penal que funcione bien”, apuntó.
Consideró oportuno que los integrantes de la Comisión sean sensibles ante este tema tan delicado para colocarlo en el centro del debate, con las aportaciones de especialistas.
La participación de las víctimas en el proceso es un derecho
La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión, apuntó que atender a las víctimas es una asignatura pendiente y una deuda histórica del sistema de justicia, pues son las más afectadas y ofendidas, y su participación en el proceso penal es fundamental; “es su derecho, no es ningún favor”.
Destacó que es importante que las víctimas tengan una representación jurídica y legal adecuada en los procesos penales, sobre todo para que la reparación del daño sea una realidad no sólo en el ámbito jurídico, sino en el aspecto psicológico, lo que no se ha logrado, advirtió.
La justicia, de los grandes retos que tiene México
Por otra parte, durante la mesa “Sistema Penitenciario: el eslabón pendiente”, la diputada Lorena Villavicencio Ayala aseguró que el tema de justicia es uno de los grandes retos que tiene México.
Preguntó cuántas de las personas encarceladas son realmente culpables, si tienen una defensa adecuada y se cumplen cada uno de los preceptos que sustenta el sistema penal acusatorio, como la presunción de inocencia.
“Ser joven en este país te hace culpable, además de invisibilizarte, de estigmatizarte, además de no tener el ejercicio pleno de tus derechos y no tener derecho a la justicia y a la propia defensa. Las cárceles lamentablemente se han convertido en espacios que acumulan diferentes tipos de discriminación, es la constatación de la renuncia del Estado de garantizar plenamente los derechos humanos”, aseguró.
Falta un sistema de justicia pronto y expedito
En el tema “La participación de las víctimas en el proceso penal”, Alejandra Ramos Durán, jueza de Garantías del Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua, propuso tomar en serio las medidas de protección a las víctimas y no alargar tiempos, porque en más del 95 por ciento de los casos de violencia familiar, los agresores están en la calle y la agredida se ve desprotegida. Criticó la inoperancia de la orden de comparecencia, embargo precautorio e indemnización compensatoria.
Javier Cruz Angulo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), reconoció que la seguridad pública le falla a las víctimas. “Hay una ley con palabras muertas en donde no están comprometidos los ministerios públicos, no hay investigación, no hay una actuación pronta, no hay restitución y no hay justicia procedimental”.
Jaime Rochin del Rincón, especialista en derecho, dijo que todas las victimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo. Sin embargo, agregó, siguen siendo un testigo mudo, son vistas con inferioridad en todo el proceso, son el eslabón más débil del proceso, por lo que los legisladores tienen una tarea enorme.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro AC, aseguró que en México no hay sensibilidad, ni en la sociedad ni en el Poder Judicial, para la atención a las víctimas. Afirmó que “nos enfrentamos a la Suprema Corte de Justicia en donde se llevan a cabo criterios que lejos de beneficiar a la víctima la perjudican”. Sostuvo que por más reformas que se han hecho en el Congreso, no hay leyes que se hagan realidad; todo queda en letra muerta.
Estefanía Medina Ruvalcaba, especialista en Sistema Penal Acusatorio, explicó que hace falta un sistema de valuación; no hay eficacia en la gestión; existe corrupción en los procesos; se tienen perfiles de baja calidad y sin asesoría puntual a los perjudicados. Las victimas necesitan justicia y reparación del daño y esto no se puede conseguir si los procedimientos son ineficaces, acotó.
Lilia Mónica López Benítez, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dijo que se debe dar oportunidad al sistema acusatorio, porque empieza a dar señales alentadoras. “Corregir y atender temas que posiblemente lo debilitan, es cierto, pero no podemos renunciar a un modelo que está en vías de consolidación y donde hemos invertido tiempo y recursos de todo tipo”.
Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, indicó que llegar a un óptimo sistema de justicia penal a través de un debido proceso implica la responsabilidad de los operadores en todas las sedes. “Debemos dejar de buscar responsables e integrarnos a cada una de nuestras responsabilidades para lograr un sistema eficiente”.
Ana Katiria Suárez Castro, abogada litigante en materia penal, urgió a “humanizar la justicia”, porque son vidas de personas, no sólo tecnicismos jurídicos. Sugirió alejarse de “ser leguleyos para ganar un caso con medidas oscuras y corrupción, sin fabricar ni presentar pruebas ilícitas, ni lesionar a la sociedad para evadir responsabilidades”. Destacó la importancia de respetar la dignidad humana.
Durante la mesa “Defensa adecuada y tutela judicial en el procedimiento penal”, Rodolfo Félix Cárdenas, exprocurador General de Justicia del Distrito Federal, lamentó que los ministerios públicos hoy en día sigan atentando contra el derecho de defensa, restringen la libertad de las personas y limitan la posibilidad del trato razonable.
Pablo Hernández Romo Valencia, abogado litigante en materia penal, señaló que las propuestas de reformas legales deben ceñirse a lo que establece la Constitución, pues sólo respetando estos preceptos se puede lograr una defensa y proceso adecuados, aunque criticó la mala redacción porque no coinciden la exposición de motivos con las modificaciones.
Horacio Benjamín Pérez Ortega, socio fundador de Carpel SC, mencionó que se tiene que analizar el sistema jurídico penitenciario. En el tema de los penales, mencionó que persiste la violación de derechos humanos para las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario. “Existe corrupción en este sistema”, señaló.
Enseguida, José Manuel Toral, especialista de datos del Consejo de la Judicatura Federal, expuso que las iniciativas en la materia suelen salir del discurso político o de conceptos meramente políticos y hay poca demanda para analizar los datos disponibles. “Los especialistas deben acercarse más a los datos para darle una mejor fundamentación a su trabajo”.
Daniela Ancira Ruiz, directora de la agrupación La Cana, señaló que en las cárceles se cobra todo: el agua para bañarse, la llamada del abogado, salir al patio. ¿De dónde obtienen el dinero los internos si no hay trabajo en prisión?, preguntó. Pues de vender drogas, llamadas de extorsión y, en el caso de las mujeres, de prostituirse en el penal de hombres, denunció.
Lizbeth Padilla Sanabria, consultora en derecho, comentó que el problema en nuestras prisiones es que no funciona el sistema penal y la corrupción en ellas es grande. “No es posible que utilicen la norma jurídica constitucional para privar de la libertad a personas que no están por delincuencia organizada en centros especiales de detención”.
