La Cámara de Diputados tendrá un ahorro de mil 681 millones de pesos, al ejercer en 2019 un gasto menor aproximado de 22 por ciento respecto al del año anterior, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, quien reconoció que se cancelaron alrededor de tres mil plazas de “aviadores “.
En un comunicado, el también legislador de Morena aseguró que el órgano legislativo está comprometido con la austeridad republicana y el uso eficiente de los recursos públicos.
Apuntó que para este año el presupuesto de la Cámara de Diputados se redujo, al pasar de ocho mil 439 millones de pesos a seis mil 758 millones.
Dijo que algunos de los ahorros son 25.2 millones menos en salarios de los altos funcionarios, 184.8 millones menos por la cancelación de seguros privados, como vida, separación individualizada y gastos médicos mayores; 256 millones menos al reducir asesores y asistentes privados de los funcionarios y diputados.
También, 335.7 millones menos en gastos para diputados, 20.1 millones menos al recortar arrendamiento de vehículos y vuelos en primera clase, 82.7 millones menos en publicidad y propaganda de la Cámara y 60.1 millones menos en reducción de vales de gasolina y alimentación.
Así como compactación de la nómina de honorarios y homólogos, retabulación del personal administrativo, con lo que se redujo una erogación de 134 millones de pesos, al pasar de siete mil 295 a cuatro mil 352 empleados. Efectivamente, se trata de la eliminación de alrededor de tres mil plazas de personal que no cumplía con una función sustantiva, es decir, “aviadores”.
Además de la reducción de la contratación en servicios de consultoría en 11.6 millones de pesos, entre otras acciones.
Muñoz Ledo indicó que el recorte al presupuesto de la Cámara de Diputados es parte de una serie de medidas que se han impulsado para hacer un mejor uso de los recursos de todos los mexicanos.
Subrayó que al principio de esta Legislatura se tuvo un ahorro de 65.2 millones de pesos, al reducir de 56 a 46 el número de comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados y la eliminación de las comisiones especiales, a través del decreto por el que se reformaron los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, al integrarse la Mesa Directiva sin una cuarta vicepresidencia, que en el pasado se acordó al margen de la ley y tenía un costo de 7.4 millones de pesos por año, se dejaron de destinar 22.2 millones por toda la Legislatura.
Precisó que esta conformación fue apegada al numeral 1 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: “La Mesa Directiva será electa por el pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y una secretaria propuesta por cada grupo parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos”.
Muñoz Ledo sostuvo que la política de austeridad y uso eficiente de los recursos en la Cámara de Diputados está acompañada por el impulso del servicio civil de carrera en la rama parlamentaria, a través de la puesta en marcha de una Dirección General específica adscrita a la Secretaría General de este órgano legislativo.
De igual forma, con el fortalecimiento del servicio médico en la Cámara de Diputados, para modernizar, ampliar e instrumentar las medidas preventivas en salud, con programas de nutrición y mejorar la respuesta ante emergencias cardiológicas.
Además de una política que atienda la paridad de género, a través de la atención ginecológica y el reconocimiento de los derechos de maternidad y paternidad de legisladores y personal y la mejora continua de los servicios médicos con el inherente capital humano necesario.
Por último, destacó que con la aprobación del decreto que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impulsó una política de austeridad general en materia de percepciones, para que ningún servidor público tenga un sueldo mayor al del presidente de la República.