Al seguir analizando en la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la LXI Legislatura, la desincorporación de un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Toluca, para transmitir su dominio a la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia SA de CV, a fin de cumplir el pago de un adeudo de 22 millones de pesos, las y los diputados de Morena afirmaron estar en contra de que afectar el patrimonio de los mexiquenses.
Los diputados de la Cuarta Transformación Anais Burgos, Alicia Mercado, Ariel Juárez y Emiliano Aguirre coincidieron que el Ayuntamiento de Toluca, debe de buscar otro mecanismo para pagar su deuda y que no resulten afectados los habitantes del municipio a quienes se pretende quitar un terreno, por lo que solicitaron que acudan también a la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal los comuneros de San Blas Otzacatipan y representantes del Gobierno del Estado de México.
Hay que recordar que el Ejecutivo Estatal envío al Congreso Mexiquense una Iniciativa de Decreto, por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, Estado de México a desincorporar un inmueble propiedad municipal para transmitir el dominio, a efecto de dar cumplimiento a una sentencia judicial y el día continuó su revisión por parte de los integrantes de la Comisión Legislativa, que escucharon a servidores públicos del Gobierno Municipal de la capital del Estado.
Así, escucharon a la segunda síndica municipal, Alma América Rivera Tavizón; el 1er. regidor, Jorge Omar Velázquez Ruiz; Fabián Luvianos Bucio jefe del departamento de patrimonio inmobiliario del ayuntamiento y a Rodrigo Alonso Arriaga, consejero jurídico del Ayuntamiento, quienes explicaron que la Administración 2022-2024 y la pasada 2019-2021 fueron sancionados por la autoridad judicial, debido a que no han cumplido con una deuda contraída con la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia SA de CV que actualmente asciende a 22 millones de pesos y que inició en el año 2010, por la ampliación de una Unidad Deportiva.
Por ello, se aprobó en sesión de cabildo la desincorporación de un inmueble, localizado en la calle Manuel Alas s/n, entre las calles Isidro Fabela y 16 de Septiembre, delegación San Mateo Otzacatipan, Unidad Territorial Básica San Blas Otzacatipan, luego de que la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia SA de CV promovió Juicio Ordinario mercantil bajo el expediente número 115/2015 del Juzgado Séptimo Mercantil de Toluca en contra del Ayuntamiento de Toluca, demandando el pago de 18 millones de pesos, más intereses moratorios, mismo que ganó y a pesar de que las autoridades del Gobierno Municipal presentaron amparos estos no prosperaron.
Tras esto, se dictó una contumacia en contra del Ayuntamiento de Toluca, porque se estaba considerando que el municipio se negaba al pago, iniciándose el incidente de inejecución 2/2021 ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mismo que fue revertido, pero se tenían que buscar mecanismos de pago y ante la situación financiera del Ayuntamiento se aprobó la desincorporación del bien inmueble, con clave catastral 1011542322, identificado como lote 2, manzana D, con una superficie de 19 mil 578. 76 metros cuadrados, que había sido destinado a espacios verdes y servicios públicos, de acuerdo a los servidores públicos de Toluca.
Y tras escuchar su exposición el diputado Ariel Juárez apuntó tajante: “Yo no voy a ser comparsa de este atraco que se quiere hacer al municipio de Toluca y a los mexiquenses” y recordó que el 29 de diciembre del año 2010 se celebró el contrato con la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia SA de CV para la construcción de una Unidad Deportiva obra que fue ejecutada, entregada y cubierto su pago.
Sin embargo, la empresa realiza ampliación a la Unidad Deportiva “sin que se le haya celebrado convenio modificatorio y eso se lo chuto la directora general de desarrollo urbano y de obras públicas y el subdirector de operación de obras públicas de Toluca para solicitar las obras de ampliación…sin que obrara contrato de por medio, ¿porque no se presentan las denuncias correspondientes contra estos funcionarios?”, cuestionó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, la diputada Anais Burgos puntualizó que durante mucho tiempo en esta comisión se aprobaban las incorporaciones de los inmuebles sin revisar; no obstante, hoy existen diputadas y diputados con el interés de analizar con mayor profundidad las iniciativas “entendemos muy bien la necesidad y la problemática que les dejan otras administraciones y sin duda lo sabemos esto ha sido un modus operandi tanto de las autoridades municipales, el gobierno del estado y algunas empresas que se prestan para ir quitando su patrimonio a los mexiquenses”.
Se preguntó ¿Cómo Ayuntamiento cuales son las acciones que han hecho para sancionar o iniciar un trámite administrativo en contra de estos funcionarios? y ¿Qué hacemos contra esa empresa que a su libre albedrío construyó sin autorización? Es lo que se tiene que investigar.
A su vez la diputada, Alicia Mercado indicó que de entrada se tiene una deuda de 18 millones que son adjudicables a la administración de María Elena Barrera Tapia, “que por cierto es íntima amiga de Enrique Peña Nieto” y el dinero restante es responsabilidad de las administraciones que hicieron caso omiso del seguimiento del pago, por lo que dijo que “aquí deberíamos de estar hablando de las responsabilidades y las sanciones de las autoridades que generaron este conflicto”.
Sostuvo que también deberían de acudir a esta Comisión los comuneros de San Blas Otzacatipan, ya que en caso de adjudicarles el predio la comunidad perdería las canchas deportivas, el templo evangélico, así como el terreno donde pretende construirse una escuela primaria. “En definitiva este tema debe de revisarse minuciosamente y dejo claro que hasta que no se esclarezca toda la información sobre las responsabilidades administrativas y el tema de los comuneros no cuenten con mi voto.”
Por último, el diputado Emiliano Aguirre, destacó que “lo que no comparto es que la administración 2010-2012 no haya sido responsable con la administración de sus recursos financieros o no haya realizado de manera efectiva el análisis económico correspondientes para poder cubrir los costos de la empresa que ahora reclama”.
Y manifestó que no está en contra del pago de pasivos, sino de la falta de sensibilidad con el patrimonio público que tienen algunas administraciones de cualquier orden de gobierno, además solicitó la presencia de servidores públicos del estado para que puedan esclarecer algunos aspectos que le correspondan y que el Ayuntamiento analice otras formas de pago de pasivos.